De nuevo Estados Unidos condiciona el dinero destinado para apoyar a México en la guerra contra el narcotráfico, pero ahora parece hacerlo por las buenas razones. Si el gobierno federal quiere 160 millones de dólares tendrá que probar su respeto a los derechos humanos. La cláusula de nuestro vecino no debe ser motivo de indignación, pues el dano social existe y tendría que preocuparnos también de este lado de la frontera.
Incluso si el Senado estadounidense -último escollo de la iniciativa- eliminara el condicionamiento, el gobierno de Barack Obama no puede abstraerse de la experiencia que su país tuvo en otra lucha similar en Colombia. El balance entre seguridad y derechos humanos que se construyó en aquel país aporta la valiosa lección que tiene sentido replicar a través de incentivos económicos.
Mientras más enérgico sea el combate al crimen organizado más necesario será el acompanamiento de la vigilancia sobre los derechos humanos. De lo contrario, la prolongada presencia militar en ciudades y poblaciones tenderá naturalmente a diluir las fronteras entre lo que los soldados o policías tienen prohibido y lo que pueden hacer. O peor, destruir poco a poco las libertades ciudadanas.
Para que tal escenario no ocurra, jueces y defensores de derechos humanos han de servir como vigilantes de la actividad de las Fuerzas Armadas y las policías. Son ellos quienes deben actuar como contrapesos para evitar un ejercicio del poder sin límites.
Todo indica que en nuestro país la cruzada contra el narcotráfico será larga. En la medida en que lo sea hay que defender comprometidamente las libertades y los derechos de la población. Ningún crimen, ningún delito o violación a la ley justifica que las garantías constitucionales de los mexicanos sean expropiadas. (El Universal)
