La idea de implantar el referéndum en materia constitucional ha sido largamente considerada, debatida y, desde luego, pospuesta.
El espíritu genuino del referéndum constitucional es darle a la Carta Magna el estatus que se le ha negado al convertirla en una mezcla de ley fundamental, ley secundaria y reglamento.
Bajo el sistema vigente de revisión constitucional el texto ha tenido 428 modificaciones en su articulado hasta septiembre de 2007. Desde 1917, el país ha tenido una alta inestabilidad en sus leyes fundamentales.
La causa fundamental es que el régimen de poder se impuso al sistema jurídico y se colocó por encima de él, haciendo que éste dependiera de la voluntad de las élites política y económica, y de los grupos de interés enquistados en el Estado. El poder se impuso a la aspiración de igualdad política ciudadana.
De ahí la necesidad, planteada pero no atendida, de realizar una revisión constitucional que haga posible conseguir acuerdos fundamentales para la nueva etapa democrática.
Si comparamos a la Constitución con una nave en la que viajamos todos, sólo es posible concluir que se asemeja a un viejo y obsoleto barco al que se le han anadido múltiples parches y remiendos. A pesar de que algunos de estos emplastos han buscado subsanar carencias, se han quedado muy distantes de una actualización que dote al país del marco normativo fundamental para encarar el futuro con certidumbre en el sistema de reglas para la acción y la decisión individual y colectiva.
Transformar el mecanismo actual de cambio constitucional (artículo 135) introduciendo el referéndum ofrece la posibilidad de dar estabilidad y certidumbre a las leyes fundamentales. Pero no hay que olvidar que tenemos un sistema de leyes fundamentales precisamente construido a partir de los jaloneos del poder y no del consenso activo, informado y democrático de los ciudadanos.
Si el poder constituyente decidiera hoy establecer el referendo constitucional, anadiría dificultad a la capacidad de hacer cambios que la Constitución requiere para hacer del nuestro un Estado moderno, eficiente y ágil. Ciertamente, cualquier reforma bajo esa hipotética circunstancia tendría mayor legitimidad que las que se hacen sin refrendo ciudadano como hasta hoy.
Sin embargo, debemos preguntarnos si al establecer ese candado de legitimidad optaríamos por mantener un statu quo constitucional vetusto y desvencijado. Si no, terminaríamos condenando a la actual y a futuras generaciones a continuar navegando en ese navío crepuscular que nos rige y amenaza con descarrilarnos.
No sería descabellado que, antes de cualquier otra cosa, hiciéramos un referéndum preguntándonos si queremos la Constitución como está o preferimos que cambie sustancialmente. Acaso al respondernos provocaríamos el cambio pospuesto indefinidamente por los grupos en el poder.
