"Francisco Valdés Ugalde * SUN. Entre quienes estudian y proponen reformas institucionales del Estado mexicano se evidencian dos tendencias. Por una parte quienes proponen cambios discretos y singulares, y por otra quienes sostienen que son necesarios cambios integrales que abarcan aspectos muy diversos, desde los derechos fundamentales hasta el carácter del texto constitucional, pasando por el entramado del régimen político.
Una publicación reciente (suplemento ""Enfoque"" del diario Reforma 08/10/06) presenta entrevistas a varios académicos, políticos e intelectuales que han estado vinculados a trabajos académicos o políticos cuyo propósito ha sido identificar problemas y alternativas de la reforma institucional que se ha resumido en la noción de ""reforma del Estado"".
Como apreciará el lector que se tome la molestia de leer esas entrevistas, varios hacen hincapié en que es necesario adoptar un punto de vista modesto respecto de lo que es necesario o posible en la transformación de las instituciones políticas. Otros, sin calificar esta actitud, proponen (y entre ellos me incluyo) una agenda que abarca una lista más bien larga de áreas que debiesen ser objeto de reformas.
Entre la actitud de los primeros y el propósito de los segundos ha surgido un equívoco de opinión que podría formularse así: aquéllos consideran imposible o pretencioso proponer el programa ambicioso de reformas que los segundos enuncian. Sin embargo, para despejar el equívoco hay que decir que reconocer que los ámbitos que requieren de transformación son muchos, no implica afirmar que ésta deba por fuerza realizarse de súbito.
Quienes conocen la extensa literatura sobre transformaciones institucionales en transiciones democráticas saben muy bien que el cambio se produce de manera incremental y acumulativa, y que cuando la selección de instituciones que conforman el Estado político de una nación no es la adecuada, genera una dependencia que se prolonga durante décadas, si no es que siglos.
Los casos en que se han producido cambios de la institucionalidad política con rapidez e idoneidad son más bien escasos. Son la excepción, pero no confirman la regla. Valga aquí una digresión. Es falso que la excepción confirme la regla. Como se sabe, la traducción correcta de la vieja expresión latina dice que ""la excepción desafía la regla"", cualquier científico lo sabe. Y esto plantea un problema. zQué tan rápido o lento se puede o se debe avanzar en las reformas de las instituciones de un Estado que va pasando de su forma autoritaria a una democrática?
Es imposible responder esta pregunta, pero ello no obliga a la resignación. Quienes sostienen que el cambio ha sido gradual, entendiendo por ello paulatino, pausado, lento, pero al mismo tiempo consistente, tienen razón en un sentido pero carecen de él en otro. Están en lo cierto al decir que en 30 anos se ha conseguido transformar las instituciones electorales. Sin embargo, cuando se mira más de cerca este desarrollo es posible ver que hay algunos momentos especiales en los que se han dado saltos muy grandes, verdaderamente incrementales y que desafían la idea del gradualismo previsible. Dos ejemplos: en 1977 la reforma política abrió la Cámara de Diputados a la representación proporcional e hizo posible que el Partido Comunista y otros se incorporaran o incrementaran su participación en la política institucional; en 1996 se realizó otra reforma que instituyó nuevas leyes electorales, tan avanzadas que un ano después el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y en 2000 la Presidencia de la República.
De qué forma fueron posibles ambos saltos cualitativos es algo que no ha sido suficientemente estudiado o, para decirlo mejor, ha sido analizado bajo la óptica predominante del gradualismo y muy poco bajo la perspectiva de que son excepciones que desafían la regla.
Dejando de lado estas hipótesis, que habrá que someter a prueba en otro lugar, es menester referirse al problema inicialmente planteado. Independientemente de la óptica que se asuma respecto de la posibilidad o pertinencia de la velocidad del cambio institucional del Estado, se puede distinguir fácilmente que una cosa es responder a la pregunta zqué se puede hacer?, y otra a la de zqué es necesario hacer? Colocarse en la óptica de responder a la primera no hace inviable situarse en la segunda. De hecho, confundir ambos planos conduce o bien a un minimalismo resignado o a un maximalismo estéril. De ambos hemos padecido suficiente.
Una posición objetiva no puede descartar la evaluación de las condiciones políticas para proponer lo que es posible hacer e impulsarlo en las condiciones del momento. Tampoco puede perder de vista la perspectiva del futuro.
Cualquiera que estudie el siglo XX mexicano sabe que el sistema autoritario prenó no solamente las costumbres informales, sino las reglas escritas del sistema político. Igualmente, sabe que transformar esta impronta es una tarea ardua y probablemente de larga data. Situados en el momento es posible afirmar que la reforma necesaria más viable podría ser, por ejemplo, la reelección legislativa y municipal. Pero nada indica que no pudiese plantearse a la vez la reducción del periodo presidencial a cuatro anos (como estaba escrito en la Constitución de 1917) agregándole la posibilidad de una reelección, o bien optar por un sistema semiparlamentario más acorde que el actual para alentar el pluralismo. Del mismo modo no puede descartarse de la agenda del momento ninguna otra reforma que además de necesaria pudiese ser viable.
Las tensiones que atraviesan de arriba abajo y de lado a lado el sistema formal del poder hacen imposible pensar que se concluirá su transformación necesaria sin una refundación, lo que no dice absolutamente nada acerca de si ésta podrá conseguirse rápida o lentamente. En todo caso, reconocer ambas cosas es igualmente realista. [email protected] * Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
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