El logro de una mayor seguridad para la sociedad mexicana resulta incongruente con la creación de un aval abierto a la introducción de una cultura del armamentismo familiar.
Una sociedad armada dista de ser una sociedad segura. Esto se ha demostrado en muchos países en los que se ha puesto un especial énfasis en que existe una hipotética necesidad de que cada hogar cuente ya sea con revólveres, pistolas o rifles para su defensa en contra de los delincuentes.
Por ello, despierta especial preocupación que la Cámara de Diputados, con el respaldo de todos los partidos, haya aprobado la Ley Federal de Armas de Fuego, Explosivos y Pirotecnia, en la que se establece que en cada domicilio sus habitantes podrán poseer hasta dos armas de fuego para la defensa personal.
Es necesario manejar esta nueva prerrogativa de manera que no se interprete como un llamado o sugerencia, no muy velada, a que toda familia adquiera armas letales, y menos aceptar que se pueda ver esta medida como una solución tortuosa al problema de la inseguridad.
Las estadísticas en países de gran cultura armamentista, como Estados Unidos, muestran que la tendencia a la posesión de armas por las familias no mejora la seguridad de los hogares ante la delincuencia, pero sí crea un nuevo tipo de inseguridad, que se refleja sobre todo en un creciente número de muertes o lesiones por accidentes, hechos que afectan sobre todo a los menores o causan crímenes derivados de disputas con familiares o vecinos.
Preocupa también que la medida pueda ser interpretada por algunos como un gesto de promoción de la justicia por propia mano, una práctica social que en muchas regiones ha sido difícil de erradicar.
Es sabido que en algunas naciones, como EU, la cultura del arma de fuego en el hogar adquiere características ideológicas muy acendradas, con una permanente discusión entre quienes pugnan por un control y registro de armas y aquellos que no desean ningún tipo de limitante.
Por fortuna, ese no es hasta el momento un tema político de gran influencia en México, por lo que la iniciativa puede verse como un ejemplo de imitación extralógica de medidas legales y sociales vigentes en Estados Unidos, en donde al menos tiene una justificación histórica.
En México existen amargas experiencias, derivadas de intentos por entregar armas a núcleos campesinos en la primera mitad del siglo XX, una costumbre que derivó en una oleada de violencia mayor en todo el país hace décadas.
No puede ocultarse que esta nueva medida va a contrapelo de esfuerzos muy costosos que han realizado la Secretaria de la Defensa Nacional, y varios cuerpos policiacos, por lograr la despistolización en muchas zonas del país, afectadas por la violencia endémica. Una política muy positiva que en apariencia va a sufrir un relajamiento.
Es necesario restablecer el concepto de que la posesión de armas en los hogares debe ser algo excepcional, que sólo puede aceptarse ante una solicitud expresa de los ciudadanos, por encontrarse en situaciones de riesgo específicas, que justifiquen la necesidad de este tipo de protección personal.
Ni el Estado ni los gobiernos pueden renunciar a su papel de garantes de la seguridad pública y no será armando a la sociedad en un franco estímulo de la autodefensa como se resolverá un asunto que requiere estrategias de fondo que corrijan el problema de raíz. (El Universal).
