"El jueves, el gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por cargos ""muy serios"" en contra del Ejército mexicano. El tema: violaciones a los derechos humanos. Ese mismo día, The Washington Post senaló que militares mexicanos habrían incurrido en torturas, desapariciones forzadas y operativos ilegales en el marco de la lucha frente el narcotráfico. Hoy la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua confirma cientos de denuncias relacionadas con abusos cometidos por soldados. El problema, pues, resulta inocultable.
Mientras EU ha ido distanciándose de las violaciones que caracterizaron al gobierno republicano de George W. Bush, en México no hemos emprendido el mismo recorrido. Anclado en un planteamiento duro, similar al establecido desde la Casa Blanca tras el 11-S y que fue seguido por Espana y Gran Bretana en el combate al terrorismo, el gobierno federal ha puesto por encima de los derechos el tema de la seguridad.
Sin embargo, México está a tiempo de replantear los principios de su estrategia anticrimen. Ningún Estado democrático puede dar seguridad si las instituciones responsables de ello no se apegan estrictamente a las leyes. En otras palabras, si no se coloca a la justicia sobre la seguridad y a la democracia sobre la fuerza del Estado. En este caso el orden de los factores altera el producto: o se construye civilización o se dan pasos hacia atrás.
Ciudad Juárez es muestra de ello. Cuando se decide imponer un estado de sitio y se otorga de forma prolongada al Ejército el control de poblaciones, terminan presentándose violaciones a las garantías constitucionales. Tal evidencia debería llevar a reconsiderar la estrategia oficial, como lo está haciendo EU con Barack Obama, que sin haber renunciado a la lucha contra el terrorismo ha puesto a los derechos humanos en el centro de sus planes de seguridad. (El Universal)
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