"Francisco Valdés Ugalde* / SUN
Un estado de derecho es una entidad que hace posible un orden a partir del respeto a los derechos de las personas. No es cualquier orden, no es cualquier Estado. Son un orden y un Estado basados en el respeto a esos derechos que exige que el monopolio de la violencia legítima funde su legitimidad en garantizar esos derechos. Ningún Estado es legítimo en el marco de la democracia y la vigencia del derecho fuera de estos parámetros.
Es alarmante que en México, la base, el piso elemental del edificio del ejercicio y cumplimiento de los derechos fundamentales ofrezca un panorama de corrupción, ineficiencia y, en no pocos casos, intimidación y persecución de las personas que recurren en su defensa a la justicia.
El diario Reforma publicó en su edición del jueves 20 de abril los resultados del estudio ""Irregularidades, abusos de poder y maltratos en el Distrito Federal, la relación de los agentes policiales y el Ministerio Público con la población"", elaborado por la asociación Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Los datos del estudio son sobrecogedores. Para 70% de las personas que llegan al Ministerio Público en esta ciudad, el sólo hecho de verse en la necesidad de estar en esta institución puede implicar un abuso de autoridad. Trátese de detenidos por causa de delitos o de víctimas, 7 de cada 10 personas pueden ver rebajadas sus garantías con el trato que reciben de los funcionarios de la institución.
El abuso de autoridad es la nota dominante. No informar de sus derechos a los detenidos o quejosos, negar a los primeros su derecho a realizar una llamada telefónica, ocultar los expedientes de los ojos de los involucrados, arrancar bajo presión firmas a documentos sin previa lectura son, entre otras, las formas en que los funcionarios del Ministerio Público practican conductas indebidas e ilegales. Entre otras conclusiones el estudio afirma que ""estas fallas en la aplicación de la ley pueden tener consecuencias negativas sustanciales para el individuo, como no poder probar el acatamiento a una orden de presentación o no poder preparar su defensa de la mejor manera"".
El estudio fue presentado en una reunión que tuvo lugar en El Colegio de México y a la que asistió el subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, Salomón Baltazar, quien aceptó, de acuerdo con la nota de Reforma, ""las irregularidades y abusos del personal en las agencias del Ministerio Público"".
La desconfianza generalizada en esta institución es la nota dominante entre la población. En lugar de ser el recinto al que se acude en busca de seguridad y justicia, el Ministerio Público es un lugar a evitar. Entre más lejos se esté de él, menor inseguridad se tiene. Según estimaciones de la Asociación de Profesionales en Seguridad, 70% de los delitos no se denuncian, y del 30% restante ""sólo se investiga la mitad, y de esa mitad que se investiga, sólo 10% llega a caer a un reclusorio, a una cárcel o a un MP"" (sic). La realidad no parece ser muy diferente en el resto del país. La opinión ciudadana que sistemáticamente recaban las encuestas deja por los suelos a los cuerpos policiacos y a las instancias de justicia ""de ventanilla"".
Este asunto no ha sido tomado en serio por las autoridades en cuanto a las dimensiones que implica para la vida democrática. Aunque el Ejecutivo federal ha enviado una iniciativa de reforma del Ministerio Público y varios de los ordenamientos que lo regulan, este proyecto quedó entrampado en la Cámara de Diputados. La desprotección de los mexicanos, la inseguridad real y percibida por parte de la población no han sido valorados con seriedad. Pero tampoco ha sido atendida por las autoridades del Gobierno del Distrito Federal.
La realidad es que en México la procuración de justicia no es un medio idóneo para obtener protección y justicia. Cualquiera con sentido común prefiere evitar litigios, soportar vejaciones y, en todo caso, mantenerse lo más alejado posible de las instituciones de procuración. Todos pensamos dos veces (o más) antes de acercarnos al policía para pedir auxilio; cuando es inevitable acudir al Ministerio Público lo hacemos a sabiendas de que enfrentamos en él a un depredador. El dato fundamental de la confianza en la autoridad está, en estas experiencias, siempre ausente.
Consecuentemente, la capacidad del ciudadano común y corriente para denunciar o reclamar, para pedir protección o ayuda, para salir al auxilio de terceros está minada por el cinismo de la autoridad institucionalizada en la procuración de justicia.
Esta realidad es resultado del atraso y un peligro para la vida política. La procuración discrecional de justicia es un anacronismo de la etapa autoritaria; una herencia de la arbitrariedad que culminaba en los ejecutivos, federal y estatales, y les daba amplios márgenes para la persecución o protección de delincuentes. Esa era la famosa justicia providencial que hizo del Presidente un equivalente del ""Justicia Mayor"" de la Edad Media. La superación del autoritarismo por la democracia hace de esta forma de justicia una figura aberrante como idea y como estructura institucional.
En un Estado democrático de derecho el problema central de la justicia no es la abundancia de leyes y disposiciones jurídicas, sino su adecuación a los derechos inherentes a las personas. Por consiguiente, el edificio de la justicia que es consustancial al orden democrático debe cimentarse en el acceso de cada individuo a las instituciones que lo protegen y en la certeza de su debida actuación. Este componente fundamental del estado de derecho no existe en México.
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*Investigador del Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNA
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