Un día violento más: 27 personas fueron ejecutadas, cuatro de ellas descuartizadas en Guerrero. No sabemos cuántos asaltos, violaciones o secuestros. Mientras esto ocurría, los partidos políticos se daban el lujo de culparse mutuamente por el retraso de 10 meses en la instalación del consejo encargado de implementar la reforma constitucional que, de haber sido realizada ya, nos daría juicios penales más rápidos, transparentes y justos para las víctimas.
Recordemos que en 2008 los legisladores reformaron 10 artículos de la Constitución con el objetivo de instaurar en México juicios orales, garantías de presunción de inocencia, una defensoría pública eficaz, centros específicos para la prisión preventiva y juzgados especiales para atender asuntos de crimen organizado, entre otros.
Un ano después sólo hay buenos deseos. Así se mide el interés de los políticos sobre este tema. zA quién atribuir la irresponsabilidad? En el Foro Nacional Seguridad con Justicia, organizado por la Red Ciudadana de Juicios Orales, donde entre muchos otros promoventes está Alejandro Martí, se invitó a los partidos a definirse sobre este retraso.
La secretaría general del PRI, en voz de Jesús Murillo Karam, y la presidencia del PRD, a cargo de Jesús Ortega, acusaron al Ejecutivo Federal por el retraso. En representación del PAN, César Nava, candidato a diputado y ex secretario particular del presidente Felipe Calderón, respondió a las críticas con explicaciones sobre la dificultad técnica de la reforma.
No cabe duda, hoy la clase política mexicana entiende la crisis como el momento en que ha de echarse toda la culpa al de enfrente.
Lo cierto es que si mantenemos las actuales instituciones penales, la guerra contra el crimen tendrá un estrepitoso fracaso, sea cual sea el resultado de la cruzada militar. (El Universal)
