La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en el programa de Apoyos y donativos que durante 2017 otorgó la Secretaría de Cultura a 308 proyectos municipales y estatales, 226 millones 667 mil 599 pesos corresponden a una probable defraudación y solicitan que sean recuperados.
Estos corresponden, según la fiscalización, a proyectos culturales que no se realizaron, se hicieron cotizaciones falsas o alteradas; se dieron pagos en exceso, hubo dos beneficiarios que realizaron actividades de autobeneficio y no se localizaron proveedores, entre otras anomalías.
Según la Cuenta Pública 2017, existe una defraudación por 63 millones 485 mil pesos en 34 proyectos. Pero además, hay otros 274 proyectos que fueron revisados y que representan 789 millones 238 mil pesos, en los que no se encontró documentación comprobatoria de la aplicación de 180 millones 283 mil pesos, aunque en el transcurso de la investigación, señala la Auditoría, se recuperaron 17 millones 100 mil pesos.
Por tal motivo, la ASF determinó tres Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; 14 pliegos de observaciones y una recomendación.
Fiscalización de subsidios
Cabe recordar que durante los últimos días de 2018, la Cámara de Diputados aprobó un incremento de 500 millones de pesos para el sector Cultura, asignados expresamente a la partida S268, denominada Programa de Apoyos a la Cultura, es decir, para repartirse a programas como Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura, Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal y Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos.
El pasado miércoles, la Auditoria Superior de la Federación presentó la fiscalización a los subsidios que se otorgan a través de la partida S268, que en 2017 destinó 553 mil 919 pesos, y concluye que la Secretaría de Cultura “debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o suspender parcialmente el S268”, pues en general no asegura el diseño de las reglas de diseño y operación.
Autores, sin certeza jurídica
La Auditoría fiscalizó también los trámites y servicios que contribuyeron a la protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor y determinó que la dependencia realizó trámites en materia de protección, servicios de registro y efectuó procedimientos de solución de controversias, pero no garantizó la certeza jurídica de los autores y titulares de los derechos conexos y patrimoniales.
De compras y becas
La Impresora y Encuadernadora Progreso, S. A. de C. V., que es una entidad paraestatal dependiente de la Secretaría de Educación Pública y que edita la totalidad de los libros del Fondo de Cultura Económica, fue otra de las instituciones auditadas en su gestión financiera y operativa.
Uno de los contratos que más llama la atención es el sostenido con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud por 249 mil 981 pesos para la compra de 3 mil 998 paquetes de estimulación temprana y 3 mil 187 paquetes de Evaluación de Desarrollo Infantil. Un convenio de compraventa curioso, pues se trata de una paraestatal dedicada a la impresión y encuadernación de libros.
Fiscalizan a INAH e INBA en materia de otorgamiento de becas y en la atención a estudiantes; los programas presentaron deficiencias en su diseño y operación, así como omisiones e inconsistencias en la información.
