"Parece ser que de la cárcel se sale, pero de pobre es mucho más difícil. Ésta es mi conclusión después de asistir a la reunión de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la semana pasada en Quito, Ecuador.
Al platicar con el español Joaquín Tres Viladomat, Especialista Principal en Integración y Comercio del BID, quien al conocer que era mexicana me comentó orgulloso que su jefe es el inventor de ""Oportunidades"", consideré que era la ""oportunidad"" ideal para invitarlo a venir a México a las comunidades rurales para que constatara personalmente que con ""Oportunidades"" las personas entiende que reciben dinero por tener hijos, no para abatir la pobreza. De inmediato puso cara de pocos amigos, me cuestionó respecto a cómo terminar con la pobreza, y le respondí que probaran con aumentar el sueldo mínimo. Me respondió muy molesto que eso funciona en España por el sistema que tienen. Tratando de ser cortés le dije que entonces apoye a la sociedad civil para obtener información del BID, para poder abatir la corrupción, y molesto me respondió que corrupción también en España la tenían.
En general, las reuniones entre las OSC y el BID son cordiales. El año pasado logramos que se implementara una política de género, a fin de tener indicadores que nos auxilien a diferenciar el gasto. Este año hemos insistido ante el BID sobre nuestro derecho de acceso a la información, como señala la Ley Federal de Trasparencia en México, bajo el 6º artículo constitucional que establece: ""Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público"". Porque debemos acceder a la información para hacer monitoreo a programas, como los de apoyos directos al campo (Procampo).
Lo anterior es porque OSC ha seguido el procedimiento ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien da negativas en la entrega de la información, por lo que se recurrió al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), quien destacó la política de información del BID, que asegura deberá ponerse a disposición del público la información pertinente del banco y sus actividades. Ante la solicitud del IFAI, el BID guardó silencio.
La resistencia del gobierno frente al derecho de transparentar la información ha edificado verdaderos muros. Lo prueba la negativa del gobierno federal de brindar información de las empresas que evaden el fisco; la Secretaría de Comunicaciones y Transporte no publica tampoco el acta de la sesión en que se le regaló a la sociedad Televisa-Nextel, 30 MHz del espectro para servicios de telefonía móvil a precio de ganga; acciones que de paso involucran la complicidad de la iniciativa privada.
En el primer caso, para las OSC es indignante el fallo del IFAI, que es un organismo que ha ganado la confianza social, ante la Secretaría de Hacienda, que ha perdido todos los recursos interpuestos para evitar dar la información y, al final, con una artimaña, evita dar a conocer los datos.
Importante mencionar que el Legislativo se niega a otorgar al IFAI mayor presupuesto, cuando ha demostrado que es necesario para hacer más eficiente su actuación. Quizá es porque en la Cámara de Diputados no existe una ley en la materia y el reglamento es en exceso flexible; incluso, no define sanciones. Con este contexto nos queda claro que de la cárcel se sale, pero de pobre es mucho más difícil.
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