El investigador Felipe Echenique March considera un paso importante y nunca visto antes que arqueólogos de diferentes procedencias y áreas de estudio se unieran para denunciar penal y formalmente la destrucción de patrimonio arqueológico en la zona del Tren Maya, específicamente en la construcción de Balam Tun, uno de los Parques de la Memoria anunciados por el gobierno.
Echenique ha hecho diferentes denuncias por daño y mal uso del patrimonio mexicano a lo largo de casi 4 décadas, pero, explica en entrevista, es la primera vez que observa que son los arqueólogos quienes encabezan la lucha contra el mal proceder de la arqueología mexicana.
Historiador de carrera, Echenique die que la lucha no solo es contra los directivos del INAH, sino contra las imposiciones presidenciales. “Hemos visto el caso de Teotihuacán, los Juegos Olímpicos en años pasados, hoy los Parques de la Memoria, las imposiciones y caprichos de un presidente no es nuevo, porque la arqueología representa prestigio para ellos mismos, pero que sean los arqueólogos quienes hoy den la cara es lo que destaca”, apunta.
Una demanda sustentada
Para el investigador uno de los puntos fuertes de la demanda es el expediente de casi 700 páginas que elaboraron más 20 investigadores para sostener las acusaciones en contra de los funcionarios del INAH, el cual fue entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) en Quintana Roo. “Les están mostrando a la FGR los criterios propiamente arqueológicos acompañados con la ley de arqueología, ahí hacen juicios académicos sobre lo que se hizo en ese Parque de la Memoria, y cómo lo dijimos antes, ese parque es la prueba fehaciente de la destrucción que hubo”, explica.
“Es absurdo, imbécil, poner un parque temático en medio de una de las zonas con mayores sitios arqueológicos sin explorar, lo arqueológico no deben ser piezas de exhibición, aprenderse desde sus lugares de origen”, agrega.
Aunque el expediente es fuerte y las evidencias son un contundente respaldo, Echenique duda que haya justicia, por la enorme magnitud del daño, ya que “es incuantificable cuánto se destruyó; destruir un monumento arqueológico puede ser penado con 4 o 5 años de cárcel, pero hablamos de miles en este caso. Lo que sí creo pertinente es que le quiten la licencia y el título de doctor al responsable de todo esto, que en este caso es Manuel Pérez Rivas, que lo asume como un proyecto propio, y también determinar la responsabilidad de Diego Prieto. Es muy fuerte, pero creo que es posible que no prospere la denuncia, aunque marca un antes y un después en la historia y el gremio de los arqueólogos, es algo importante”.
