Para algunos, el miércoles fue uno de los peores días que recordará la comunidad científica mexicana. Un día que representó “el divorcio entre el gobierno y la ciencia”, que “impactará en la investigación”, que traerá “parálisis” y “retroceso”, y que representa el “desmantelamiento del aparato de la ciencia en México”.
Con esas palabras, científicos, académicos e investigadores describieron la extinción de 91 fideicomisos de ciencia y tecnología, tras la aprobación por el Senado.
Las manifestaciones, peticiones, cartas de estudiantes y científicos nacionales e internacionales acerca de la importancia de estos fondos para la ciencia mexicana fueron ignoradas.
Pero el día, que empezó mal, no mejoró con los datos que en la conferencia de prensa en Palacio Nacional presentó la doctora María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La promesa presidencial de hace dos semanas había sido la de presentar las pruebas acerca de la corrupción de los fideicomisos. En palabras de Álvarez Buylla, se encontró un “uso discrecional, opaco”. Cuestionó la transferencia de 41 mil millones de pesos a empresas privadas a través de los fideicomisos entre 2013 y 2018. No presentó las cifras de los recursos de los fideicomisos de los Centros Públicos de Investigación, lo que entonces no permitió que se conociera cómo el trabajo de estos centros está alejado de la “inequidad, atomización” y uso para otras actividades, de los que habló la funcionaria en su discurso.
Para Alma Maldonado, investigadora e integrante de la Red ProCiencia, no hay nada más anticientífico que tomar una decisión y después indagar y presentar las evidencias o los argumentos. “Además, engañar, calumniar y mentir flagrantemente porque en muchos de los datos que presentó Elena Álvarez-Buylla confunde dineros de fideicomisos con dineros del Programa de Estímulos a la Innovación. Y lo hace a propósito, se trata de confundir a la gente, se trata de presentar una gráfica que no suma cien, eso te habla de la calidad del sustento que deben tener”.
Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), uno de los 26 Centros Públicos de Investigación cuyos fidecomisos de Ciencia y Tecnología se extinguieron, aseguró en entrevista que “como en los demás temas que presentó la doctora Álvarez-Buylla, ella tiene todo el derecho a no estar de acuerdo o a no considerarlo políticas adecuadas, pero equipararlo a corrupción implica un largo trecho”.
Para López Ayllón, los desacuerdos con políticas de la administración pasada no son sinónimo de corrupción: “La conferencia fue muy desafortunada, trataron de mostrar un lado oscuro que no existe, y eso oscurece todo lo bueno que sí se ha hecho”. Abundó acerca del caso del Consorcio que fue presentado y cuestionado en la conferencia por la directora del Conacyt:
“El consorcio fue un proyecto conjunto de siete Centros Públicos de Investigación para crear un centro de estudios metropolitanos que iba a estar en Querétaro; el CIDE recibió el financiamiento por el primer año, para el siguiente año se le dio a un segundo centro. Me dejó sorprendido porque la decisión de cancelarlo fue de esta administración; el CIDE entregó los resultados, devolvió incluso un poco de dinero”.
José Antonio Aguilar, ensayista, investigador y maestro del CIDE, coincidió en que la conferencia fue muy fallida: “Fue un aparato de propaganda donde se dio información descontextualizada y dolosa, donde se presentaron como actos de corrupción proyectos que tenía Conacyt con empresas privadas sin mostrar qué misión tenían. Nada de esa información estaba puesta en contexto para comprender si hubo algo indebido. Fue un ejercicio de propaganda, desinformación y calumnia que es en lo que el Presidente se ha especializado últimamente”.
“Solo vimos que el discurso monolítico se replicaba y fortalecía a partir de imprecisiones sobre la corrupción y el uso de los recursos requisados que no aplicaban para la extinción de los fideicomisos”, lamentó Brenda Valderrama, doctora en Biomédica básica.
