"Para nadie es una sorpresa la corrupción en México. De acuerdo con Transparencia Internacional, México se mantiene como una de las sociedades más corruptas del orbe. Además, se ha revelado como uno de los campeones del mundo en piratería, economía informal y economía del crimen organizado. El problema persiste en forma aguda, no cede, y cabe preguntarse si se toman las medidas adecuadas o si, en realidad, la clase política evade el problema sistemáticamente.
La corrupción equivale entre el 7 y 9% del Producto Interno Bruto Nacional, asegura la encuesta sobre la corrupción en la administración pública mexicana, realizada a 3 mil empresas, por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
El director del CEESP, Luis Foncerrada, asegura que basta revisar la estadística para comprobar hasta qué punto está extendido el vicio de pedir dinero ""extra"" por muchos trámites administrativos. Ocho de cada 10 empresarios aseguran haber escuchado tal sugerencia. Y continua Foncerrada: ""A decir la verdad, tampoco el objetivo de las empresas cuando pagan es siempre legal. El 20% de las que sobornan lo hacen para lograr modificaciones legislativas, de regulaciones o de normas urbanísticas que favorecen sus intereses. Y una de cada 10 dice haberlo hecho para convencer a un juez a su favor, conseguir la adjudicación de un concurso, agilizar un procedimiento administrativo o evitar ser molestado por la policía estatal"".
La encuesta ha revelado también que ""el porcentaje más alto de petición de mordidas se da en los gobiernos estatales y municipales. Y menos en los federales"", precisó el director del CEESP. ""Se da en burócratas a todos los niveles. Pero hay casos en los que se saben perfectamente los nombres de los secretarios que piden por norma el 10% de la inversión o de los beneficios. Y seguramente, todos ellos cuentan con el beneplácito de sus gobernadores"".
Aunque la democratización introdujo la transparencia como un deber constitucional, no fue así con la rendición de cuentas. Hay que distinguir entre ambas. Transparencia es el derecho de los ciudadanos a obtener información gubernamental, que por su naturaleza es pública. Pero la rendición de cuentas es otra cosa; es el contrapeso del ejercicio del poder por factores institucionalizados en el poder mismo. El Congreso como supervisor del Ejecutivo, el Poder Judicial, como juzgador de los actos que legalmente pueden sancionarse, la Federación como reguladora del comportamiento de los poderes de las entidades federativas; las legislaturas estatales y los tribunales de Justicia como balances del poder de ejecutivos y municipios.
Aunque el derecho a la información fue traducido en una ley, los institutos estatales de Transparencia han avanzado muy lentamente y no son un factor de control efectivo de los actos del poder, ni del manejo de los dineros públicos. Las legislaturas de los estados no son contrapeso a los ejecutivos. En la práctica, éstos han barrido con ellas para convertirse en los pequeños virreyes que hoy dominan en sus territorios sin equilibrios adecuados que los controlen.
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