"La mitad de la población afectada por las guerras es femenina; sin embargo, por la manera en la que se da la cobertura a los conflictos en los medios de comunicación, podría pensarse que la guerra es algo de lo que sólo pueden hablar los hombres.
Las noticias de los corresponsales y enviados a los lugares en conflicto se ofrecen con una visión y un análisis indiferentes y distantes, que contrastan cuando son reporteadas por mujeres. Me viene a la mente el trabajo de periodistas como Anna Politovskaya o Natalia Estemirova, quienes fueron vilmente asesinadas por contar los crímenes que se cometían en Chechenia con la complicidad del Kremlin. En México, las periodistas también ponen nombre y apellido a los problemas. Podemos mencionar a San Juana Martínez, Lidia Cacho, Carmen Aristegui, que aunque no cubren los temas del narco, sí enfrentan los temas de la corrupción y la impunidad.
México tampoco es la excepción al tratar los reportes de la guerra del narco. Se ufanan resaltando que las mujeres asesinadas forman parte del crimen organizado; ello es una manera de desdibujar los asesinatos de las mujeres. Envían el mensaje de que ellas se lo buscaron por involucrase. Así también, las televisoras con visión machista fomentan series como ""Mujeres asesinas"" para enfatizar que no aman a las mujeres. No bastando los medios, la impunidad es alimentada por las averiguaciones mal integradas y por encargados de la persecución del crimen que desatienden las denuncias de las víctimas, así como jueces para quienes la vida de las mujeres es secundaria, o que muestran un claro sesgo descalificador y culpable.
Para Teresa Incháustegui Romero, integrante de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, la causa que ha generado los mil 728 homicidios de mujeres perpetrados en los últimos 18 meses en México, ""es estructural, la desigualdad de género y la discriminación de las mujeres. En este país la violencia machista sigue siendo muy fuerte"".
En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se acusa al Estado mexicano de violar el derecho a la vida, a la integridad y libertad personal en perjuicio de tres de las ocho víctimas de feminicidios del ""Campo Algodonero"" en Ciudad Juárez, y lo responsabiliza por no haber adoptado medidas de protección eficaces e inmediatas ante las denuncias de desaparición de mujeres en la entidad, documentadas desde 1993.
La importancia de esta sentencia radica en que por primera vez se condena a un Estado (México) por asesinatos con motivos de género (feminicidios), y se convierte en un recurso para exigir los derechos humanos de las mujeres.
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