Luego de la creación de la Secretaría de Cultura, profesores de investigación científica y docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) enviaron una denuncia al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ ad Al Hussein, en la que aseguran que la nueva dependencia es violatoria de los Derechos Humanos, las leyes vigentes y los tratados internacionales signados por el país.
El documento de seis páginas, enviado el 17 de diciembre al organismo internacional, enlista cuatro violaciones que observan los investigadores al marco legal vigente e incluye un resumen de la posición de los especialistas dividido en cinco apartados, con los que solicitan al Alto Comisionado “su intervención para que esta grave violación de derechos humanos pueda ser del conocimiento, en Ginebra”, tanto de la oficina que encabeza como de la Relatora Especial de la ONU sobre Pueblos Indígenas.
En primer lugar, opinan, insiste en la separación administrativa entre educación y cultura, omitiendo las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México que en 2003 consideró que “es indispensable fortalecer la relación entre educación y cultura actualmente soslayada en México“ y que parece en el Diagnóstico para los derechos humanos en México, capítulo 4.7.1.
Para los docentes, la dependencia 18 de la Administración Pública federal busca el “usufructo privado de los monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos de la Nación”, ignorando la recomendación del mismo organismo: “que se evite que la propiedad privada ejerza un derecho de usufructo que resulte de la alteración del carácter público de esos bienes del patrimonio cultural”.
Los miembros del INAH manifiestan también como violación la indiferencia “a reglamentar el asunto fundamental de normar el reconocimiento, respeto y garantía de los Derechos Culturales”, previstos en el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la omisión de crear una Secretaría “sin existir previamente una ley que establezca la sustancia de la materia que atenderá, dejando que el Ejecutivo federal determine los objetivos, principios, prioridades, e instancias”.
El documento concluye con cinco apartados en los que los investigadores declaran la improcedencia e inconsistencias legislativas de la nueva dependencia; la ausencia de los derechos culturales; la “inadmisible” separación entre educación y cultura; la concentración excesiva de poder en un individuo y anulación del INAH y el INBA, y el objetivo oculto de explotar intensivamente el patrimonio y la infraestructura cultural.
