Líderes del ejido de Morocoy, sitio ubicado en el municipio Othón P. Blanco, en Quintana Roo, interpusieron una demanda contra autoridades federales, entre ellas la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano por la apropiación indebida de 298 hectáreas enclavadas en las zonas arqueológicas de Dzibanche y Kinichna.
De acuerdo con Sonia Méndez, comisariada ejidal de Morocoy, desde hace 25 años el INAH tomó el control de los predios que eran propiedad del ejido, bajo el argumento de que las tierras colindaban con zonas arqueológicas. “Jamás especificaron que había alguna propiedad o que las tierras se habían expropiado, donado o algo consensuado. Esto sucedió desde 1997, así ha permanecido; los ejidatarios nos dedicamos al campo, somos personas humildes”, señala Méndez en entrevista.
De acuerdo con la comisariada, la situación se agravó debido a que las zonas arqueológicas de Dzibanche y Kinichna entraron en el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas por el Tren Maya, por lo que los ejidatarios han visto que se les inyectan recursos a las zonas, pero el gobierno sigue sin dar solución al despojo de tierras. “Son zonas que pertenecen al ejido, no se ha reconocido que pertenecen a Morocoy. Por eso queremos que el INAH realice la indemnización adecuada por las 300 hectáreas, porque no fue consensuado que se quedaran con las tierras”, apunta.
Méndez agrega que, en más de 20 años, el INAH nunca se acercó al ejido para llegar a un acuerdo, por lo que demandan una expropiación de tierras justa.
