Integrantes de universidades públicas y privadas presentaron 15 puntos a contemplar para la elaboración de la Ley General de Ciencia y Tecnología, al concluir las Jornadas de Reflexión sobre el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Entre estos puntos, plantearon que se debe “garantizar la participación amplia de la comunidad académica y de los sectores privado y social en los distintos niveles de planeación, formulación y coordinación de la política de ciencia, tecnología e innovación” y “asegurar la libertad de investigación con perspectivas de derechos humanos y equidad de género y el reconocimiento del valor estratégico de todas las formas de ciencia”. Los 15 puntos, dijeron, son los que debe contener una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) “que aspire a la transformación del país”.
Por ejemplo, en el número cinco se propone “asegurar la libertad de investigación con perspectivas de derechos humanos y equidad de género y el reconocimiento del valor estratégico de todas las formas de ciencia”, un tema que ya había sido señalado por diferentes especialistas desde diciembre pasado, cuando María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, le presentó al presidente el anteproyecto de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
En el sexto punto, los participantes propusieron “eliminar cualquier discriminación en contra de las y los investigadores que trabajen en instituciones privadas, incluyendo los estímulos como miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)”.
