Esa mañana, la persona que abría las puertas de la parroquia de Azcapotzalco se percató del vacío. Desierto, sin ápices de la reliquia colgante; solo ausencia.
El óleo de la Santísima Trinidad estaba perdido y de él únicamente quedaba el recuerdo de los fieles, una imagen y una carpeta en la Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía) que podría sumarse a los casos de robo de arte sacro que quedan en la impunidad.
La Parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago fue el lugar donde en noviembre de 2019 se registró el hurto de una obra de arte del siglo XVIII, por lo que se abrió un expediente que hasta el momento no ha dado resultados.
El párroco Daniel Campos, a través del administrador del recinto, Javier Reyes, se reservó comentarios sobre lo ocurrido entonces porque “es un caso delicado que está siendo atendido por las autoridades”.
La seguridad en las iglesias ha sido un factor rebasado, pues en la parroquia ocurrió el robo pese a tener un letrero en el que se advierte que hay vigilancia las 24 horas.
Algo similar pasó a inicios de 2019 en la catedral de Tenancingo, Estado de México, donde dos sujetos se quedaron durante la noche en el interior y se llevaron la corona de oro de la Virgen.
A este factor se suma que las iglesias no tienen la capacidad de revisar el flujo de visitantes, por ello una de las líneas de investigación es que hay personas que roban las obras por encargo, pues miembros de la comunidad han notado que hay quienes visitan en varias ocasiones los templos, toman fotografías de sus tesoros y poco después las obras desaparecen.
Se trata de un delito cuyos índices con exactitud se desconocen porque se carece de un panorama real del robo y tráfico de arte sacro.
Javier Martínez Burgos, investigador del Departamento de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dijo en entrevista que uno de los elementos que complica la interposición de denuncias es la dificultad de las comunidades para desplazarse a otros lugares donde haya una agencia de la Fiscalía.
Falta de documentación
El mayor problema para iniciar una denuncia es que se carece de información de las piezas para que se pueda levantar un reporte. Es decir, no se tienen detalles y hacen falta imágenes que permitan conocer las características de las piezas.
La responsabilidad de registrar bienes culturales recae en el INAH, como lo establece la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.
Además, la tarea de crear un catálogo de bienes culturales se ve sumamente rebasada por la falta de personal para estos trabajos que requieren acciones específicas, como la elaboración de una ficha, investigación, diagnóstico del estado de conservación, toma de fotos y creación de una plataforma, así lo explicó Martínez Burgos.
“El personal del INAH en el Estado de México que lleva los inventarios solo es uno. Si el catálogo de bienes inmuebles es de 5 mil, y de esos probablemente son unas 2 mil iglesias, pues es muy difícil que una persona haga el catálogo de esos 2 mil edificios, no es una tarea sencilla”, dijo el también perito del INAH.
Reconoce que si bien en la Ley se habla de la catalogación como responsabilidad del Instituto, esta debe ser una tarea ética y necesaria de la Iglesia, que tiene a su resguardo estos bienes que forman parte de la nación.
En 2009, la Interpol aseguró que el comercio ilegal de las piezas de arte sacro en América Latina ascendía a 20 millones de dólares mensuales y, según Javier Martínez Burgos, museos y galerías propiciarían estas transacciones.
Realizar estas negociaciones está penado; en la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas se indica que al que pretenda sacar o saque de México un monumento sin permiso del INAH, se hará merecedor de cinco a 12 años de prisión y de 3 mil a 5 mil días de multa; y en el caso de quien ordene o financie las conductas descritas, se incrementará una mitad esas penas.
