Aunque nunca he creído en las conspiraciones, no pueden ser casuales tantos errores, tantos ires y venires a ninguna parte, tanto desatino político. Me niego a creer que la incompetencia se haya instalado en la política mexicana. Puedo creer en la mediocridad y en la falta de ideas, pero nuestra clase política se supera cada día. No es de extrañar que todas las encuestas e informes que se hacen pongan como uno de los primeros problemas la falta de confianza de los mexicanos en sus políticos, la imposibilidad de poner en valor una función tan importante como es el servicio público de la política.
Lo dice el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 2010-2012, publicado el 6 de enero, con un retraso de dos años, y el cual es deficiente e irregular. Consta de tres objetivos y ocho estrategias que no hacen frente a la trata de personas, ni plantean una atención integral a las víctimas. Por ello hemos solicitado que sea derogado, a través de una carta al Presidente Felipe Calderón y al secretario de Gobernación, publicada en periódicos de circulación nacional y firmada por varias organizaciones de la Sociedad Civil, el miércoles 26 de enero de este año.
Solicitamos la derogación de dicho Programa Nacional porque no considera importantes instrumentos de derecho internacional, como el del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos, que abarcan más que el Protocolo de Palermo.
El programa presenta deficiencias en cuanto al diseño de política pública, dado que carece de un diagnóstico inicial, tema que lo incluye como una meta, o sea que presentó un programa para supuestamente resolver un problema que desconoce, en el cual no establece instituciones responsables, ni estructura, ni presupuesto. Es decir, carece de recursos asignados para que opere.
Además, es incongruente con la Ley de Planeación Democrática, porque hizo caso omiso del artículo 28, que establece que los planes y programas especificarán las acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de los estados y de inducción o concertación con los grupos sociales interesados. Así también, del artículo 20 Bis de la mencionada Ley, que establece que en asuntos relacionados con el ámbito indígena, el Ejecutivo Federal consultará de forma previa a las comunidades indígenas para que éstas emitan la opinión correspondiente; consulta que omitió, cuando en el programa mencionan un estudio de usos y costumbres.
El gobierno federal, a través de la Comisión Intersecretarial, está ante la responsabilidad ética de reconocer las enormes deficiencias de su documento y convocar a un diálogo social para construir un programa que permita prevenir y combatir el delito de la trata de personas y, sobre todo, proteger a las víctimas.
La generación permanente de desconfianza en el quehacer político, dentro y fuera del país, está lastrando el futuro de México. Sólo marketing, parafernalia, teatro, espectáculo. Y la marca México, cada día vale menos.
