"La trata de personas es uno de los delitos más crueles o el más perverso y que más deshumaniza a las personas, a las sociedades y a los pueblos. La trata de personas es ""un cínico atropello a la libertad y a la dignidad"" humana; son afirmaciones hechas en octubre por Margarita Zavala de Calderón, presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Zavala ha pisado el charco de la trata de personas, que como todos los charcos, aparece tranquilo en la superficie, pero tiene un fondo limoso y oscuro. Porque si cada mes caen 100 niños mexicanos en las redes de explotación sexual, según datos estimados de la Secretaría de Seguridad Publica. Al comparar las cifras con el reporte de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, que informa que sólo abrió 226 averiguaciones previas por los delitos de explotación sexual y laboral durante el primer semestre del año, y de éstas, únicamente consignó 12 casos ante los jueces; alguien no está haciendo su trabajo.
Muchos percibimos al DIF como el garante de la infancia, cuando en la realidad carece de recursos, marco legislativo, instrumentos e instalaciones para la garantía de los derechos de la niñez. Conocemos por las investigaciones del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados que son los estados de Chiapas y Oaxaca las entidades con mayor incidencia de trata de personas. Y más penoso es conocer que el estudio identifica entre las ciudades con alta incidencia de trata a Tapachula.
Como sociedad podemos solicitar a los procuradores que en los estados sigan el ejemplo del Distrito Federal, al incautar hoteles y consignar a los responsables de la trata. Pero, ¡atención!, también es importante que se penalice al cliente que va a un prostíbulo a estar con un menor de edad. Urge penalizar al consumidor que se relaciona con menores, porque muerto el perro se acaba la rabia.
Como sociedad, en 2011 nos demos a la tarea de vigilar el ejercicio de los recursos presupuestados para este año, que están etiquetados en casi tres mil millones para programas que atienden los mandatos de las Leyes Generales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Porque la mayoría de las veces el dinero se deja de ejercer porque los burócratas incompetentes se evitan la pena de trabajar en el papeleo. El dinero se pierde por incumplir los trámites o desviarlo.
También, como sociedad, solicitemos a los DIF rendir informe público respecto de la situación de las niñas y niños bajo su cuidado. Porque la presidenta del DIF Nacional ha pisado el charco, pero si el charco no está claro, tampoco lo está el ánimo con que los diferentes sectores de la sociedad mexicana, más allá del discurso, se enfrentan a la inmigración y la trata.
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