La corrupción que sigue poniendo en riesgo nuestras vidas
Hoy, 19 de septiembre, es una fecha doblemente marcada en la memoria nacional: 40 años del terremoto de 1985 y 8 años del de 2017. Dos tragedias que, separadas por décadas, nos recuerdan un tema urgente: que la corrupción mata.
Y es que el problema no es vivir en una zona sísmica sino tener construcciones deficientes que ahorran en materiales o no se construyen respetando los reglamentos de construcción.
La corrupción estructural: el caso de los DROs
Para hacer el recuento de la historia de corrupción sísmica que prevalece en el país, es importante recordar que después del sismo de 1985 se hicieron varias reformas y se establecieron nuevos reglamentos. Uno de los elementos que se buscó mejorar después del 85 fue la corrupción que existía entre los antiguos peritos que supervisaban las construcciones en la capital.
Para esto surgió la figura de los Directores Responsables de Obra (DRO) y Corresponsables Supervisores de Estructuras (CSE) encargados de supervisar que las construcciones se ajusten a lo que dice la normativa. Sin embargo, el caso de los DRO es irónico y problemático, ya que, en la CDMX, varios operan como «firmones» que avalan obras sin supervisar.
De hecho, en el terrible caso del derrumbe del Colegio Rébsamen en el sismo del 17 fueron los DROs y CSE los que se encargaron de avalar las construcciones irregulares que se hicieron en el colegio.
Lo que no hemos cambiado: el problema de licencias de construcción, falta de colegiación y autoconstrucción
Otro de los problemas de corrupción que pone en riesgo las construcciones en nuestro país tiene que ver con la emisión de licencias de construcción por parte de las alcaldías que tampoco están a la altura: sin personal técnico suficiente, revisan papeles como mero trámite administrativo y son particularmente vulnerables a la corrupción.
Por otro lado, nuestra Ley de Profesiones no exige procesos de certificación periódica para ingenieros y arquitectos, a pesar de que se trata de actividades que impactan directamente la vida y seguridad de la población.
El artículo que prevé la educación continua está «muerto»: no se aplica. Esto significa que muchos profesionales pueden firmar planos y supervisar obras sin demostrar que están al día en normativas, cálculos estructurales o materiales.
A esto se suma la autoconstrucción, fenómeno extendido en zonas populares de la Ciudad de México y en otros estados. En barrios de Iztapalapa y otras zonas, miles de viviendas se levantan sin supervisión técnica, con materiales deficientes y en terrenos inseguros.
No es sólo un problema técnico, sino político, ya que en muchas alcaldías la gestión de los terrenos es un espacio abierto para la corrupción por políticos locales.
Los retos pendientes:
A 40 años del sismo del 85 no basta con conmemorar las tragedias. Es momento de hablar de lo que falta: una cultura de la prevención sísmica que priorice el cerrar espacios para la corrupción en la construcción.
Así como promover una cultura de mantenimiento, que se dedique a realizar inspecciones periódicas de las construcciones. Una certificación profesional: actualizar la Ley de Profesiones para exigir procesos de recertificación y colegiación obligatoria a ingenieros y arquitectos.
Autoconstrucción segura: formar y certificar albañiles y trabajadores de la construcción que participan en la edificación de miles de viviendas. Ética en las constructoras: terminar con la lógica de abaratar costos sacrificando seguridad.
El 19 de septiembre debería ser no sólo una jornada de memoria, sino de exigencia. Porque mientras sigamos tolerando la corrupción y la negligencia en la construcción, el próximo temblor volverá a recordarnos, con vidas perdidas, lo que no quisimos corregir a tiempo.
