Extinción del fuero
Un gran impacto mediático causó la aprobación “fast track” y con dispensa de trámites, en lo general y lo particular, del dictamen que reforma la Constitución Política para eliminar la figura del fuero a todos los servidores públicos, incluido el presidente de la República. Sin más espera, el tema pasó al Senado, otro filtro.
Llamó la atención porque era un asunto intocable. Algunos ya habían expresado su deseo de eliminar esa figura que protege y da inmunidad a muchos funcionarios públicos, pero no lo habían tomado en serio. El tema siempre quedaba en cajones de los escritorios, guardado y para mejores tiempos.
Esa inmunidad ha servido de tapadera a muchos políticos porque hasta hoy en día no pueden ser detenidos por la policía cuando hayan cometido algún delito, por muy grave que éste sea ni, aunque el sujeto sea encontrado en flagrancia -con las manos en la masa- ni tampoco cuando exista en su contra una orden de aprehensión girada por un juez.
Pueden ser detenidos hasta que haya un juicio de procedencia, en el que intervienen muchas manos, muchas fuerzas, muchos filtros.
A nivel local ha habido muchos casos en los que ha habido la necesidad de que procuradurías de justicia integren oficios de investigación en contra de funcionarios públicos de su competencia, soliciten juicios de procedencia ante los Congresos locales para que sean desaforados y posteriormente sometidos a juicios penales.
A nivel nacional ha habido realmente pocos casos de juicios de procedencia entre funcionarios del gobierno federal,
El procedimiento legislativo para quitar el fueron a un funcionario público, de cualquier nivel que sea, tarda mucho, es burocrático, complejo y con todas las posibilidades de que un gobernador pueda influir para que sea llevado a cabo o para que sea suspendido. Ahí está el problema porque hay muchos riesgos para que esos políticos de altos rangos puedan cobrar venganza política contra otros políticos.
Sin embargo, ha habido mucha satisfacción social, espontánea y múltiple, en apoyo a la desaparición de esa protección porque ha servido sólo para evadir la acción de la justicia en muchos casos.
El dictamen fue avalado con 370 votos a favor y con eso alcanza la mayoría calificada que requiere la modificación constitucional. Establece que el presidente podrá ser sujeto de juicio político y que nadie podrá ser sancionado con cárcel por difamación, calumnia o injuria.
Se habían presentado reservas, pero fueron retiradas y la votación en lo particular fue de 349 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones.
El dictamen avalado con la dispensa de trámites y por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de ocho artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece un hecho inédito al incorporar en el artículo 110 constitucional que el presidente de la República sea sujeto de juicio político.
“Podrán ser sujetos de juicio político, el presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho...”
Además, el fiscal general de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ente otros.
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante el Senado, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara y para el caso de presidente de la República, se requerirá de mayoría calificada.
Ello, después de haber distanciado el procedimiento respectivo y con la audiencia del inculpado.
En caso de que el Senado lo avale sin cambios, el dictamen será enviado a los congresos estatales. Por tratarse de una reforma constitucional requiere de la aprobación de la mayoría de esas legislaturas.
JCGA va con propuestas
Juan Carlos Gómez Aranda lleva ya, bajo el brazo, diversas propuestas porque sabe que eso es lo que más convence a los ciudadanos de hoy en una campaña de proselitismo.
Propios y extraños vieron que desde que asumió la Secretaría General de Gobierno se dedicó de tiempo completo a atender diversos conflictos que surgieron durante su encargo.
Todos sus actos demuestran de sobra que el político de Comitán siempre puso por delante el interés superior de los chiapanecos y de que usó una política conciliatoria, de diálogo y búsqueda de acuerdos.
Gómez Aranda fue registrado como candidato a diputado federal por la coalición Todos somos Chiapas del PRI, Verde y Nueva Alianza.
Los cargos públicos desempeñados por él en años anteriores y esa experiencia obtenida en su último encargo le ayudaron a acumular mayor conocimiento respecto de cuáles son y dónde están las principales necesidades en los municipios de Bellavista, Chicomuselo, Frontera Comalapa, La Independencia, La Trinitaria, Socoltenango, Tzimol y Comitán, que integran el VIII Distrito Electoral por el cual es candidato a diputado en el Congreso de la Unión.
Durante una charla sostenida con él vía telefónica me comentó que llevará en su campaña una agenda de propuestas muy cercanas a la voz de la gente, porque de ella se ha alimentado a lo largo de toda su carrera en la administración pública y en los cargos de elección popular que ha desempeñado en ocasiones anteriores.
Como diputado en la LVII Legislatura, presidió la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, de cuya experiencia prepara una propuesta integral para impulsar el desarrollo regional, con proyectos de la talla del Parque Agroindustrial de Puerto Chiapas, el fortalecimiento de la seguridad y la mejora en las condiciones logísticas para el comercio con Centroamérica, con la ampliación del área de la Zona Económica Especial de nuestro estado.
