El conflicto de los Salazar

Un Juez de la Ciudad de México resolvió el fin de semana pasado que los señores Emilio Salazar Narváez y Emilio Salazar Farías son los legítimos propietarios del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas (IESCH), mejor conocida como la universidad Salazar.

Hace como tres meses, otro juez había resuelto que Luis Federico Salazar Farías y sus hermanos –hijos de don Federico Salazar Narváez, fallecido hace más de una década- debían ser reinstalados en sus lugares en el Consejo de Administración de la citada institución de educación privada y, por tanto, debían también recuperar sus derechos de los cuales habían sido presuntamente expulsados de manera ilegal hace varios años.

Con papeles judiciales en mano y apoyados con fedatarios y personal de seguridad, en aquella ocasión tomaron posesión del inmueble en forma intempestiva y empezaron a realizar acciones que a su juicio consideraban correctas.

Los anteriores directivos –Emilio papá y Emilio hijo- hicieron lo mismo este fin de semana.

La institución está legalmente a salvo, por el momento, aseguran los abogados de ambos para tratar de calmar las inquietudes de los alumnos y los padres de familia, quienes con justa razón se preguntan si ese conflicto familiar no va a interferir en la legalidad de los estudios de los miles de muchachos que, en muchos de los casos, hacen grandes sacrificios por pagar inscripciones y mensualidades por estudiar ahí.

La versión de los abogados indica que están a salvo los derechos académicos alcanzados por los alumnos que han estudiado o estudian ahí en alguna de las más de treinta licenciaturas que se imparten en esa institución de educación superior, tanto en el sistema escolarizado como semiescolarizado.

El único problema es que esos vaivenes legales prevalecientes en los recientes tres meses sí desestabilizan administrativa y laboralmente a la institución, porque las decisiones judiciales, en un sentido u en otro, generan una gran incertidumbre en el personal que ahí labora y eso ya ha generado también algún tipo de incertidumbre entre maestros, alumnos y padres de familia, situación que podría ir creciendo y deteriorando, al mismo tiempo, la imagen de la institución.

Dengue repuntó 266%

Es incomprensible que un tema como este no pueda sacudir las conciencias de las actuales autoridades de salud del gobierno federal, principalmente.

De acuerdo con información de la dirección de Epidemiología de Secretaría de Salubridad y Asistencia, la federal, esos padecimientos han crecido en 266% en estados del sur de México. El 72 por ciento de esos casos han sido registrados en Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo.

Ese es el diagnóstico, pero nadie informa qué están haciendo las autoridades sanitarias para atender a los enfermos y para tratar de disminuir dichas cifras de enfermos y/o combatir ese problema de salud.

Acciones de prevención han dado fructuosos resultados en sexenios anteriores y hoy nadie ha explicado por qué se elevó enormemente el índice de los enfermos.  

Precario número de médicos

La SSA dio a conocer el siguiente diagnóstico: en ocho entidades federativas de México carecen de médicos y están en una situación precaria similar a las existentes en Sri Lanka, una nación insular al sur de la India, en el océano Índico y Nigeria un país soberano situado en África occidental, en la zona del golfo de Guinea.

De acuerdo con datos oficiales de esa dependencia del gobierno federal, Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Yucatán cuentan con 25 mil 885 médicos, pero necesitan casi 39 mil más.

Una nota publicada en el periódico Milenio y firmada por la reportera Blanca Valadez señala que el programa IMSS Bienestar, que atiende a 12.5 millones de personas en situación de elevada marginación, cuenta con solo 0.6 médicos por cada mil habitantes sin seguridad social, frente al 3.2 de los demás países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) de la cual México forma parte. Cabe destacar que el promedio nacional de médicos en México es de 1.5, menos de la mitad de los existentes en las demás naciones de la OCDE. Recientemente, el presidente López Obrador instruyó al director general del IMSS, Zoé Robledo, a contratar médicos y pagarles más a quienes vayan a zonas marginales.

Superdelegados, ni “pintan”

Esa figura de superdelegado que tanto escozor había causado desde el primer momento que el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, están hoy borrados del mapa, no se ven, están sin fuerza, debilitados y están muy lejos de convertirse en los “gobernadores alternos” de las entidades federativas, como se había creído desde un principio.  

Notas periodísticas en diarios de la Ciudad de México indican que la mayoría pasa desapercibida y, los pocos que sobresalen, lo hacen porque han caído en polémicas de corrupción, como ha ocurrido en meses anteriores en Jalisco, Tamaulipas, Oaxaca y Yucatán.

El superdelegado en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, fue denunciado ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), por una integrante de los llamados “Servidores de la Nación”, porque estaba aprovechándose del cargo para buscar una candidatura por Morena a la gubernatura de ese estado.

En Jalisco hubo otro escándalo mayor. Carlos Lomelí fue candidato de Morena a la gubernatura de ese estado. Se separó del cargo de superdelegado, por acusaciones de presunto conflicto de interés.

La SFP está investigándolo por la venta de medicamos de sus empresas farmacéuticas al gobierno federal. Corrupción a la vista, pública y notoria.

Y así ha ocurrido en otros estados. Pero de eso, a que alguno de los 32 funcionarios designados en igual número de entidades de México esté trascendiendo por su trabajo en favor de la política implementada por el gobierno federal, nada de nada.

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