Violencia y salvajismo

La barbarie, el común denominador. Un presidente municipal arrastrado por las calles de su propia población en forma indignante, una alcaldesa huyendo de que pudiera ser secuestrada por grupos inconformes, una regidora retenida durante cinco días consecutivos para presionar a algunas acciones de gobierno, grupos violentos incendian casas de sus propias alcaldesas electas constitucionalmente porque no las aceptaban como gobernantes en sus comunidades indígenas.

Las reflexiones podrían ir en el siguiente sentido: el común denominador de todos esos hechos ha sido la violencia y la barbarie.

Se supone que esas formas salvajes de actuar ya debieran estar desterradas debido a que las sociedades han evolucionado hacia mejores estándares de entendimiento.

Este debería ser un buen tema de análisis de los políticos. Deberían hacer un esfuerzo para responder a la siguiente pregunta: ¿Por qué la gente hace uso de métodos violentos para exigir solución a sus problemas?

Es probable que ya hayan agotado sus métodos civilizados para exigir el cumplimiento de sus demandas. Es posible también que los presidentes municipales hagan oídos sordos a las peticiones ciudadanas o, tal vez sí escuchan, pero no resuelven adecuadamente los problemas planteados.

Podría ser de igual manera que los grupos sociales han llegado al hartazgo y ya no encuentran otra forma de ser escuchados.

Tal vez esos sucesos de ingobernabilidad estén llegando a esos extremos porque no hay gobernanza.

Algo está fallando en ese rubro de los gobernantes. Urge que ellos encuentren dónde está esa falla, porque de lo contrario en algún momento podrían llegar casos fatales en que haya que lamentarse pérdida de vidas humanas. Eso sería muy grave. Tal vez estén a tiempo de impedirlo.

No hay entendimiento

Algunos grupos de indígenas y campesinos usan la violencia y la barbarie para exigir sean cumplidas sus peticiones de tipo social y político.

En este caso, estoy refiriéndome específicamente a la forma en que algunos ciudadanos tratan de resolver sus problemas.

Millones de mexicanos habrán visto, la semana pasada, las imágenes indignantes de una camioneta pick-up que llevaba arrastrando en el piso al presidente municipal de Las Margaritas, Chiapas, Luis Escandón Hernández.

Momentos antes, un grupo muy pequeño de campesinos había ingresado por la fuerza a la presidencia municipal citada y también de manera forzada habían sacado a empujones al alcalde a quien ataron con un lazo en la parte trasera del vehículo para tratar de llevarlo de esa manera hasta su comunidad.

De manera tardía, agentes policiales intervinieron y rescataron al funcionario público cuando ya había sido arrastrado un gran tramo de la calle principal de la citada población de la zona fronteriza de Chiapas.

Y cualquiera pudo quedarse sorprendido cuando escuchó los motivos de esos campesinos para haber tomado esa actitud violenta: querían que el alcalde les entregara recursos económicos para que ellos los ejerciera de manera directa.

Barbarie en Simojovel

Segundo caso: fue en Simojovel, en el mismo Chiapas, y por no haber cumplido sus compromisos de campaña.

Alrededor de 300 campesinos e indígenas del ejido Pueblo Nuevo Sitalá pretendieron llevarse a Viridiana Hernández, presidenta municipal de Simojovel, por no haber cumplido con lo que había prometido en su campaña electoral.

De la misma forma que el caso anterior, los campesinos también ingresaron por la fuerza al edificio municipal para intentar llevarse a la alcaldesa, pero ésta ni tarda ni perezosa, ya se había escapado.

Sin embargo, los manifestantes sí se llevaron al síndico municipal, Gilberto Martínez Andrade, quien era esposo de la funcionaria que logró escaparse.

Aquí las cosas pudieron pasar a mayores porque hubo disparos –no se ha establecido quién o quiénes habrían hecho esos disparos- y los peatones que andaban por esa área se asustaron y corrieron despavoridos a tratar de salvarse de ser alcanzados por las balas.

La semana antepasada, pobladores de la comunidad La Floresta, del municipio de Comitán, mantuvieron privada ilegalmente de su libertad durante cinco días a la regidora María Eugenia Recinos.

Se quejaban de la falta de entrega de proyectos productivos y en este caso, dicho por ella misma, los manifestantes no la agredieron. Simplemente la tenían retenida como una medida de presión para lograr sus objetivos. Tuvieron que intervenir funcionarios de la Secretaría General de Gobierno del Estado para que liberaran a la citada funcionaria.

Y así podrían citarse más casos similares. En el sexenio pasado, grupos inconformes incendiaron la casa de la presidenta municipal de Oxchuc, María Gloria Sánchez, y de su similar de Chenalhó, Rosa Pérez.

En algunas ocasiones, también prendieron fuego a patrullas de esas mismas comunidades.

La salud del presidente

Está en la mesa de las discusiones si el presidente, Andrés Manuel López Obrador, debe hacer público el reporte médico sobre su estado de salud.

Resulta que hace 86 días, el propio mandatario nacional se comprometió ante reporteros que acuden a las conferencias mañaneras de que él, por propia voluntad iba a revelar un reporte médico sobre cuáles son sus condiciones de salud.

No lo ha hecho. El tema resurgió hace cinco días porque un ciudadano recurrió al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para solicitarle al mandatario nacional le entregue ese reporte médico.

El asunto se antoja interesante porque los demás ciudadanos tienen derecho, por ley, a reservarse información que tenga que ver con su salud. Y aquí es donde surge la interrogante, ¿es válido que el presidente de la República haga uso también de ese derecho?, o por tratarse de quien dirige los destinos de más de 130 millones de mexicanos, ¿él sí debiera estar excluido de ese derecho de los demás mexicanos?

alexmoguels@hotmail.com