Duro contra la impunidad
El gobernador, Rutilio Escandón, empezó a dar muestras de que iba a combatir la impunidad desde los primeros meses de su administración el año pasado en acciones legales contra grupos invasores de terrenos y en recientes días autoridades estatales recibieron denuncias de que algunos funcionarios actuales estaban traficando con influencias y cometiendo actos de corrupción. Investigaron, corroboraron que sí había anomalías y, como consecuencia, destituyeron de sus cargos a los acusados, la policía los detuvo y ya los mandó al Amate.
Hagamos un poco de memoria. Él decidió ir de frente contra los grupos de campesinos, concretamente el Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI) cuyos dirigentes habían hecho su modus operandi la invasión ilegal de predios en distintas partes de Chiapas, encarceló a varios de sus líderes y ha devuelto esos predios a sus legítimos propietarios.
Muchos habrán de recordar con qué violencia e impunidad se comportaban los líderes de esa agrupación. A cada rato violentaban derechos de terceros, marchaban y a su paso causaban destrozos en propiedades privadas y públicas, sin que nadie les pusiera un algo.
Muchos pensábamos que las autoridades de sexenios pasados les tenían miedo por su virulencia y malignidad, y que por el temor a su capacidad destructiva no les aplicaban la ley.
Sin embargo, eso quedó desmentido el año pasado. Cuando la policía estatal los empezó a enfrentar, a detener, en forma infraganti, y a mandarlos a la cárcel para que pagaran por los delitos cometidos, se empezaron a apaciguar y detuvieron sus hechos ilícitos.
Contra la corrupción oficial
Pero el gobernador ha decidido también combatir la impunidad y la corrupción al interior de la administración pública.
En fechas pasadas, fuimos enterados de la destitución de algunos funcionarios públicos por supuestos actos de corrupción que saltaron a la luz pública como transcendidos, nada más.
Sin embargo, hace apenas unas horas, el gobierno estatal emitió un boletín en el que informaba de la detención de cinco de esos ex funcionarios públicos por su presunta participación en los delitos de tráfico de influencia y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Se trata de: Geovany Alexander de 42 años y de Lorena de 32 quienes laboraban en la secretaría general de gobierno y son probables responsables del delito de tráfico de influencias.
De igual manera, Ramiro de 62 años, Diego Alberto de 36 y Marcelo Ernesto de 37 quienes laboraban en la secretaría de Obras Públicas por su presunta responsabilidad del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Ayer mismo, se informó de la detención de otra mujer de nombre Alejandra Paulina. Con ella van seis detenidos.
Las autoridades también informaron que están siendo investigados otros funcionarios de otras áreas gubernamentales cuyos nombres no adelantó por la secrecía en la investigación y añadió que las detenciones fueron realizadas en el marco del combate frontal a los actos de corrupción.
Esas son acciones que nos llevan a dos reflexiones: una, que el gobernador Rutilio Escandón está decidido a combatir la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias que tanto daño le han hecho a las instituciones y a los chiapanecos.
Dos, que ojalá y ese primer caso de los seis detenidos sirva para que los demás pongan sus barbas a remojar y desistan de estar cometiendo irregularidades de ese tipo.
Y tres, ojalá también que las autoridades competentes sigan investigando las demás denuncias presentadas contra otros malos servidores públicos y, en caso de comprobarse sus delitos, de igual manera sean castigados en forma severa.
De boca en boca
Se nota que los buenos oficios políticos del secretario general de gobierno, Ismael Brito, están dando resultados. Desde luego, cumpliendo con las directrices políticas marcadas por el gobernador Rutilio Escandón. Cada vez son menos las marchas, plantones y bloqueos carreteros de organizaciones campesinas e indígenas. Hay todavía algunos casos que trascienden las esferas de competencia del ámbito estatal, como el de unos maestros que han estado exigiendo plazas y otros conceptos que corresponden al gobierno federal resolver y a quienes se les ha informado por qué no se les puede resolver todavía sus peticiones. Pero en lo general, se observa gobernabilidad en Chiapas. Eso quiere decir que los principales problemas de las organizaciones civiles están siendo atendidos, canalizados a las instancias correspondientes y resueltos en la medida de lo posible. Recordemos que el gobierno no puede decir sí a todo. Algunas peticiones pueden ser resueltas a satisfacción del demandante, pero hay otras que simplemente no proceden*****La localización y posterior detención en España del ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya, viene a dar un gran respiro a la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el ámbito del combate a la enorme corrupción cometida por funcionarios del pasado. Muchos pensaban que ese tema iba a ser olvidado y resultó que en el momento menos esperado fue aprehendido el citado personaje quien fue muy cercano colaborador del entonces presidente, Enrique Peña Nieto. Van dos golpes duros contra dos peces gordos. Uno fue contra del secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos hace algunas semanas, acusado de haber colaborado con el Cartel de Sinaloa y de haber recibido sobornos millonarios. Y el segundo, el de Lozoya. Ambos detenidos podrían aportar datos, en sus declaraciones judiciales, que involucrarían a otros funcionarios públicos de sus respectivos periodos de gobierno. Sus declaraciones conducirían a destapar más casos de corrupción que podrían ser iguales o más escandalosos que los mencionados. Hay que esperar. Nada más.
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