La síndica y otros casos
Los dos grandes temas de los recientes días en Chiapas: uno, pequeños comerciantes han roto, en forma unilateral y arbitraria, los cercos sanitarios en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Ocosingo.
Dos, algunos funcionarios públicos siguen sintiéndose poderosos e intocables: no pueden controlar sus ímpetus y deseos personales por disfrutar momentos pasajeros que bien podrían aplazarse para fechas posteriores y, para satisfacerlos, quieren hacer valer sus influencias y poder político que ostentan, sin importarles que están violentando disposiciones federales elementales.
Muchos de los integrantes de la clase política aldeana actual, sobre todo quienes están estrenando cargos en los ayuntamientos, y algunos más en los otros órdenes de gobierno, siguen pensando que los cargos públicos, por muy pequeños que sean, son para servirse ellos mismos y no para servir a la sociedad chiapaneca. Por eso, no se preocupan por cumplir con las leyes. Sólo quieren satisfacer sus deseos e intereses personales.
Insisto, no son todos. Hay, afortunadamente, varias y honrosas excepciones. Las petulancias y los abusos de poder, aunque los hay en todos lados, son más frecuentes en los mandos medios y entre funcionarios municipales de primer nivel y sus subalternos.
Los tres casos más recientes
Algunos funcionarios municipales de Ocosingo participaron en una fiesta de cumpleaños, disfrutaron de las bebidas alcohólicas de su preferencia, amenizaron sus oídos y bailaron al compás de las notas musicales propias de esas concentraciones, ¡faltaba más!
Fueron destituidos de sus cargos por haber violentado disposiciones oficiales en tiempos de mucho riesgo para la salud de todos.
El segundo caso ocurrió en Chiapa de Corzo, donde el Oficial Mayor y otro empleado menor de esa misma localidad fueron también destituidos de sus cargos y, finalmente, detenidos por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado para que enfrenten a la ley por el mismo tema: hicieron una gran fiesta en la colonia Jardines del Grijalva de esa misma localidad y, a pesar de los llamados de las autoridades para suspender la reunión, no lo hicieron.
Ayer mismo, la FGE informó que el órgano jurisdiccional decretó vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Gabriel “N” –uno de los detenidos- por delitos en materia sanitaria, desobediencia y resistencia de particulares, y ejercicio ilegal de funciones en grado de tentativa
El tercer caso fue protagonizado por la síndica de Pijijiapan quien no pudo contener sus ímpetus de fiestera, organizó una reunión en su casa con las mismas características de las anteriores y, a pesar de haber sido conminada por sus vecinos y en redes sociales de que eso estaba mal porque rompía con los ordenamientos legales, la señora ni se inmutó y siguió, siguió y siguió.
Parecía que nadie iba a poder sancionarla porque ella no es empleada municipal, sino miembro del cabildo que producto de elecciones constitucionales. Pero, eh que sí. El presidente municipal y los regidores se reunieron y acordaron optar por la vía legal para sancionar a la citada síndica.
La FGE informó ayer viernes que inició una carpeta de investigación en contra de esa servidora pública de Pijijiapan por omisión de responsabilidades en materia sanitaria y protección civil por las razones que ya dije antes.
Romper cercos sanitarios
Muchas personas están reaccionando en forma violenta frente a acciones oficiales de prevención contra el coronavirus.
Pueden ser cuestionables las formas en que reaccionan: en forma arbitraria, con actitudes triunfalistas y lanzando consignas de “sí se puede”, como si, destruir una acción preventiva, significara un logro en sus vidas.
Es todo lo contrario, los cercos sanitarios han sido establecidos para proteger a todas las personas, tanto a los consumidores que acuden a un mercado a abastecerse de insumos alimenticios como para los propios comerciantes. Impedir una acción como esa, dirigida a la conservación de la salud de todos, termina siendo un contrasentido.
Creo que tienen razón quienes piensan que habría que estar en los zapatos de ellos para poder comprenderlos, por la simple y sencilla razón de que sólo ellos están sufriendo, en carne propia, las consecuencias de la crisis económica.
Sin embargo, las circunstancias especiales de emergencia que hoy estamos viviendo nos obligan a todos a hacer esfuerzos extraordinarios y sacrificios personales igualmente especiales.
Por eso, autoridades y gobernantes de otras naciones han optado por medidas coercitivas para obligar a los ciudadanos a respetar las medidas sanitarias.
La prevención es necesaria
Tengo que ser preciso y claro. Las autoridades, de los tres órdenes de gobierno, están en su derecho y tienen facultades constitucionales y legales para realizar todas las medidas preventivas que crean convenientes. En el caso de los mercados, a los que me estoy refiriendo concretamente en este texto, las autoridades están haciendo lo correcto. Los cercos sanitarios tienen una razón de ser: inhibir la movilidad de personas y, con esa inhibición, disminuir también la cadena de contagios del Covid19 y proteger la salud de todos.
Sin embargo, esas mismas autoridades deben imaginar esquemas de apoyos que puedan mitigar los daños que están sufriendo los pequeños comerciantes de los mercados públicos y de otros sitios que pudiesen estar sufriendo crisis económica.
Debe haber formas de apoyarlos. Siempre ha habido formas. Hay que buscarlas. Hay que acordarlas con los directamente afectados. Hay que ponerse de acuerdo con ellos y ponerlas en marcha, porque el objetivo superior es preservar la salud de los chiapanecos.
Ojalá y haya resultados positivos en ese tema para que sea cumplida la finalidad principal de las acciones de prevención.
alexmoguels@hotmail.com