Reformas que levantan polvo

Algunos diputados locales y pocos actores políticos han protestado –de forma muy débil, por cierto- contra las reformas legales en materia electoral, realizadas apenas el sábado pasado, por la mayoría de los integrantes del Congreso de Chiapas.

Fueron varios puntos reformados y partieron de la abrogación del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Medios de Impugnación.

Las reformas abarcaron el tema de las candidaturas independientes cuyos aspirantes tendrán que reunir más requisitos; podrán votar prófugos de la justicia y quienes estén presos sujetos a proceso –que no hayan sido sentenciados-. Es preciso recordar que quienes hayan sido sentenciados por algún delito y se encuentre internados en algún penal habrán perdido sus derechos políticos y, por tanto, no pueden ejercer su derecho al voto.

Las nuevas normas permitirán candidaturas indígenas en al menos 50% de los distritos con población autóctona; será obligatorio registrar listas paritarias para asignar regidurías plurinominales, pero no obliga a que el número uno de esas listas sea necesariamente mujer; podrán perder su registro aquellos partidos políticos que no obtengan el 3% de las votaciones en cualquiera de las elecciones; se acortan los tiempos que los ciudadanos tienen para registrar o actualizar la lista nominal y eso, a juicio de los analistas, pondrá en riesgo una participación efectiva de los ciudadanos.

También se abordan temas como las prerrogativas, sanciones, y obligaciones a los partidos políticos.

Tendrán que renunciar a sus cargos por lo menos 90 días antes del día de las elecciones alcaldes o diputados locales que pretendan buscar una reelección.

Por cierto, la diputada por el PRD, Olga Luz Espinosa Morales, observó una contradicción en las normas nuevas porque en una parte de ellas se pide renunciar 90 días antes y en otra se exige 120 días antes del día de la elección. De ser cierto eso, tendría que ser corregido.

Otros que protestaron por dichos cambios en materia electoral, fue Juan Salvador Camacho Velasco del partido Morena, así como Aída Guadalupe Jiménez Sema y Mario Sántiz Gómez del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Las protestas se centran, básicamente, en que no hubo foros de consulta para recibir opiniones y aportaciones de académicos, estudiosos o de los grupos directamente interesados en el tema, que no se buscaron los consensos entre las diversas fuerzas políticas locales y que eso les quita legitimidad a dichas reformas legales.

Algunos otros actores han ido más allá y han advertido que algunos aspectos de las nuevas leyes electorales en Chiapas podrían ser inconstitucionales.

El presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, seguramente con conocimiento previo del tema, adelantó desde el sábado por la mañana una opinión respecto de ese paquete de reformas electorales que todavía iban a ser aprobadas en la noche de ese mismo día.

En un video difundido en sus redes sociales, el funcionario electoral aclaró que los árbitros electorales no crean las normas y que ellos sólo las aplican. Las reglas son hechas por el poder legislativo (el Congreso de Chiapas, en este caso).

Añadió que las leyes actuales han demostrado ser garantes de equidad en elecciones pasadas.

El que esto escribe supone que el doctor Oswaldo quiso decir con eso que las normas vigentes eran suficientes y no había necesidad de hacer otras. Pero esa es una interpretación mía.

También señaló que la constitucionalidad de esas reformas deberá ser confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En ese punto, el declarante está adelantando, es nuevamente una interpretación mía, que algunos puntos de esas reformas podrían ser llevados a la Corte para una revisión de sus posibles inconstitucionalidades.

Aquí va de nuevo mi opinión: el contenido de esas reformas legales, depositado en más de 400 hojas debe de ser revisado a minuciosidad para obtener una interpretación más clara de su significado y, a partir de ahí, saber con precisión si ha habido ordenamientos inconstitucionales para ir a reclamarlos ante la Corte.

A partir de esa revisión profesional, rescatar todo aquello que favorezca los derechos políticos de los ciudadanos y desechar todo lo que los afecte.

Se trata de avanzar en el régimen de libertades, no de retroceder.

No quiero parecer ingenuo. Sí sé que hay intereses políticos atrás de esas reformas, pero si la idea de la Cuarta Transformación es hacer de México un país más democrático y con un régimen de más libertades, debe ser eliminado todo lo que signifique un retroceso en esa materia.

 De boca en boca

Da gusto saber que muchas personas estén recuperándose del Covid19, sean conocidos o no, sean amigos o no, sean familiares o no. Es una simple empatía y solidaridad humana lo que nos produce ese sentimiento. Así se han recuperado varios amigos míos o el delegado de la Cruz Roja –a quien no tengo el gusto de conocerlo personalmente-, así se recuperó el director general del IMSS, Zoé Robledo, y así se recuperó el secretario general de gobierno, Ismael Brito Mazariegos -él mismo lo anunció en sus redes sociales; de igual manera ha ocurrido con algunos compañeros periodistas. Qué bueno. Ojalá y así se recupere mucha gente que en estos momentos está padeciendo esa enfermedad y que pronto sea encontrada una cura o una vacuna para que se termine la angustia que está sufriendo la humanidad entera******Chiapas ha entrado en semáforo naranja a partir de ayer lunes. Es comprensible la urgente necesidad del gobierno por reactivar las economías regionales y, con ellas, la economía nacional. Pero eso debe ser plenamente comprendido por la gente: ya hay permiso de hacer algunas actividades, pero con rigurosos cuidados personales para evitar más contagios.

alexmogues@hotmail.com