¿Lucrando con el Covid19?

Agentes de la Fiscalía General de Chiapas detuvieron a un médico urgenciólogo quien se desempeñaba como jefe del área de Covid19 en el Instituto de Servicios Sociales del Estado de Chiapas (ISSTECH). Él está acusado de ser presunto responsable del delito de abuso de autoridad. 

Ese delito por sí mismo no nos dice mucho, pero las primeras denuncias señalan que ese médico exigía medicamentos y otros insumos a los pacientes, a pesar de que esa institución del gobierno estatal sí contaba con ellos para suministrarlos en forma gratuita a los enfermos. ¿Para qué quería los medicamentos y los insumos sobrantes? Es fácil de adivinar, pero las autoridades correspondientes deberán informar el resultado de sus investigaciones. 

Pero a mí me han llegado otras denuncias de otras irregularidades más graves cometidas por ese mismo médico cuyos detalles no voy a revelar para no afectar las indagatorias, pero seguramente la Fiscalía General ya las tiene integradas a las carpetas de investigación que lleva en ese sentido.  

El boletín de la Fiscalía General indica que hubo denuncias de familiares del ex diputado local Miguel Arturo Ramírez López, un paciente que falleció recientemente por Covid19, y con base en esa denuncia, la institución realizó investigaciones y logró comprobar que era cierto lo realizado por el referido médico cuya identidad completa me reservo para proteger su presunción de inocencia, aunque en su boletín la FGE se refiere a él como Gerardo Vicente.  

Sin embargo, los familiares del detenido están denunciando que las acusaciones en su contra son falsas. Su principal argumento es que no están firmadas las recetas mostradas como pruebas de la solicitud de esos medicamentos. La defensa del detenido podrá presentar todas las pruebas de descargo que estén en sus manos.  

Sin embargo, yo tengo información proporcionada por varias personas, cuya identidad me han pedido reservar, quienes también sufrieron algunos agravios de parte del referido ex servidor público.  

Lucrar con la salud de los pacientes en Chiapas, y en otras partes de México también, fueron una constante en los gobiernos anteriores.  

Fueron hechos que nos dejaron frustrados a todos. En el pasado reciente no había poder humano que pudiera frenar a servidores públicos de distinto tipo que abusaban de sus cargos para ganar dinero en detrimento de los ciudadanos y, llegaban a cometer hasta algo más grave, atentar contra la vida de los enfermos.  

Todos aquellos que cometían esas irregularidades gozaban de impunidad porque había una red de complicidades que los protegía que, en muchos casos, alcanzaban hasta los titulares de las instituciones de salud e incluso hasta los secretarios de gabinete de las dependencias de que se tratase. Eso era común, que nadie se diga engañado.  

Así que ahora que nadie se diga sorprendido y que nadie meta las manos al fuego por nadie. Que la Fiscalía complete las investigaciones, las turne a un juez y que ese juez resuelva conforme a las leyes. Y que sea castigado todo aquel que resulte responsable de las acusaciones presentadas en su contra.  

 Encuentro Social, otra vez 

Mucho cuidado, mucho cuidado. Un grupo de legisladores del Partido Encuentro Social (ES) de Chiapas propuso reformas a la Constitución de Chiapas, en materia educativa, a efecto de obligar a los maestros solicitar, por escrito, a los padres de familia su permiso para enseñar ciertos temas a sus hijos.  

Integrantes del Grupo Parlamentario del PES en el Congreso del Estado: Maya De León Villard, Sergio Rivas Vázquez, Silvia  Torreblanca Alfaro y Cinthya Vianney  Reyes Sumuano, presentaron -en primera instancia-,  la Iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo  al artículo 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, referente a que los padres tengan derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. 

“Los padres de familia que tienen diversos criterios tienen la posibilidad de elegir el tipo de educación que nuestros hijos pueden recibir y el estado no puede obligar a sus hijos a participar en aquellas actividades extracurriculares o curriculares que actúen en contra de sus principios morales y éticos”, añade el documento. 

Señalan que dicha propuesta plantea que centros educativos deben informar con anticipación a los padres, sobre charlas, talleres y/o materias que sean ética y moralmente controvertidas, para que los padres de familias, tutores o quienes ejerzan la guardia y custodia de los menores, puedan autorizar o no, de manera expresa que sus hijos reciban o no, este tipo de contenidos. 

Vaya que se antoja un tema complicado. En principio, el artículo Tercero de la Constitución General de la República establece claramente cuáles son las obligaciones del Estado mexicano: tiene la rectoría de la educación, está obligado a impartir esa educación, que esa educación debe ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.  

Señala, además, que “los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente entre otras.  

Yo creo que los mencionados legisladores no fueron bien asesorados porque su propuesta atenta claramente contra el espíritu del referido artículo constitucional. Un grupo de maestros ya emitió un pronunciamiento rechazando la propuesta legislativa.  

alexmoguels@hotmail.com