Se les acabó el negocio

El gobernador Rutilio Escandón, como titular del poder Ejecutivo, tomó una decisión súper importante que elimina la posibilidad de que los burócratas sigan siendo afectados por las empresas microfinancieras cuyos directivos maniobraban, en contubernio con funcionarios gubernamentales, para descontar vía nómina los préstamos que ofrecían a los empleados del gobierno.  

De esa manera esas empresas –y los funcionarios públicos implicados en dichas artimañas- se aprovechaban de la necesidad de los trabajadores, aseguraban sus pagos cada quincena porque eran descontados en forma automática de las nóminas cuyas cantidades eran entregadas inmediatamente a las entidades usureras.  

El propio gobernador dijo que hubo un trabajo conjunto entre la Secretaría de Hacienda del Estado y la Consejería Jurídica para emitir un decreto que prohíba esos abusos y prácticas usureras las cuales, en muchos casos, cobraban intereses más altos que las instituciones bancarias.  

Desde hace varios años sucedía eso y ningún gobernante se había preocupado por evitar esas prácticas. Era vox populi que algunos funcionarios recibían sobornos para elaborar contratos que permitiera a las microfinancieras cobrar sus pagos directamente de la nómina de los trabajadores quienes se convertían, de facto, en clientes cautivos.  

Por eso, suena muy bien su prohibición.  

 La CNTE vuelve a las suyas  

Ahora sus dirigentes salieron con que se oponen al programa de educación por televisión que va a implementar la Secretaría de Educación del gobierno federal, a cuyo cargo está Esteban Moctezuma Barragán. 

El argumento de la CNTE es muy frágil y hasta ridículo, que dicho programa es discriminatorio y excluyente porque hay varios millones de hogares que no cuentan con una televisión a través de cuyos aparatos serán transmitidas las clases.  

En contra parte, dicha disidencia dijo que va a distribuir fotocopias en las casas de los alumnos para transmitirles enseñanza, algo que se antoja inviable porque no hay, a la vista, la cantidad suficiente de maestros que puedan acudir a millones de hogares. 

Al día siguiente de esas afirmaciones, el presidente, López Obrador, les respondió. Instruyó al titular de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, que dialogue con los profesores inconformes. 

El mandatario nacional aclaró a los inconformes algo muy importante: que, a pesar de que todavía no hay clases presenciales, más de un millón 200 mil profesores de todo el país van a seguir cobrando sus quincenas puntualmente, continuarán sus mismas prestaciones y que la relación laboral seguirá siendo la misma. 

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –el que tiene presencia en todo el país- manifestó su respaldo a las medidas anunciadas por el gobierno federal para iniciar el ciclo escolar 2020-2021 el próximo 24 de agosto, en donde se destaca la participación de cuatro televisoras en la difusión de contenidos escolares.  

Aquí es necesario reconocer que la Secretaría de Educación del gobierno federal está haciendo todos los esfuerzos y está tomando todos los instrumentos que tiene a la mano para sustituir a las clases presenciales y proteger de contagios de Covid-19 a los niños, adolescentes y adultos jóvenes de México.  

La SEP ha instrumentado mecanismos a distancia –convenio con las cuatro grandes cadenas de televisión a nivel nacional- para tratar de llevar orientación educativa a distancia al mayor número de hogares posible. No hay otro mecanismo a la vista que pueda ser usado para esos propósitos. La SEP está haciendo lo posible, dentro de lo deseable.  

Al no estar ofreciendo argumentos válidos y viables, los dirigentes de la CNTE siguen perdiendo fuerza entre sus bases porque están oponiéndose a todo, sin argumentos válidos ni viables a la vista.   

 Otro exabrupto en el gabinete 

El presidente Andrés Manuel López Obrador está encontrándose con contrapesos, importantes y contundentes, a sus decisiones presidenciales en donde menos se los esperaba: dentro de su propio gabinete. 

Más de doce funcionarios menores han renunciado por discrepancias con el presidente, pero tres titulares de importantes dependencias del gobierno federal le han renunciado, abierta y públicamente, por estar en desacuerdo con sus decisiones “personalísimas” que se contraponen a la técnica, a las leyes, a la lógica y a las normas que rigen el funcionamiento de las instituciones del gobierno federal.  

Primero fue el director general del IMSS, Germán Martínez Cázares, quien alegó que algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tenían una injerencia perniciosa en el IMSS que ponían en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social.  

Después le renunció el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Él argumentó muchas discrepancias en materia económica con quienes habían tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Dijo que le resultaba inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de Hacienda Pública y que eso fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés.  

Después, renunció el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, porque el presidente decidió, sin consenso previo y sin consultar cuáles iban a ser las implicaciones con las leyes en la materia, decidió que las fuerzas armadas se hicieran cargo de los puertos y aduanas que dependen, estructuralmente y administrativamente, de la propia SCT. 

Ahora, vino otra discrepancia con el secretario del Medio Ambiente (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, quien expresó en forma tajante y clara su descontento porque varios funcionarios del gobierno federal y el propio presidente estaban imponiendo acciones contrarias a la agenda ecológica de la propia secretaría. Hasta ayer, ese funcionario no había presentado renuncia al cargo, pero su molestia, expresada en audios, revela que ya no está a gusto como funcionario público.

alexmoguels@hotmail.com