Ahora sí hay gobierno
Apenas treinta días después de haber iniciado la administración de Eduardo Ramírez Aguilar, ya se ha notado en forma clara y contundente que hay gobierno en Chiapas.
Se están oyendo las advertencias del mandatario estatal de que ahora sí se hará cumplir las leyes. Los grupos sociales entendieron, aunque sea a regañadientes, que no deben bloquear carreteras ni ninguna otra vía de comunicación porque eso es violar la Constitución y es afectar a terceros que tienen necesidad de trabajar y de hacer otras actividades cotidianas. Además, es un delito.
Los delincuentes ya dejaron de asaltar en carreteras y ya no ha habido robo de vehículos, como ocurría a cualquier hora del día o de la noche, en el pasado reciente. Ojalá y esa realidad continúe para que haya confianza de circular tranquilamente por todas las carreteras de Chiapas.
Hasta el siete de diciembre pasado, último día del sexenio anterior, había algo parecido a la opacidad. Nadie hacía algo para aplicar las leyes y proteger a los ciudadanos.
La Fiscalía General del sexenio pasado, emitía boletines únicamente para avisar que había iniciado carpetas de investigación, cuyos resultados nunca se sabían. Las personas desaparecían por aquí y por allá o eran levantadas en la vía pública y a la vista de todos, sin que alguna autoridad hiciera esfuerzos por ir a buscarlas o perseguir a sus captores. Nada sucedía. Reinaba la impunidad en todo Chiapas y en todos los rubros del gobierno estatal.
Hoy, apenas treinta días del nuevo gobierno, hay señales de que van en serio la búsqueda de la paz y el combate a la impunidad.
Otro desarme
En breve, el gobierno federal mexicano iniciará un nuevo programa de desarme. El problema es que es poco probable que dichas acciones ayuden a restaurar la paz en nuestro país. Analistas serios y la elemental lógica aconsejan que hacen falta acciones distintas, más contundentes y más serias para combatir al crimen organizado.
Eso sí ayudaría a pacificar el país. Por lo demás, los delincuentes jamás van a dejar las poderosas armas que usan para mantener su negocio de varios millones de dólares, y el gobierno mexicano ¿les está ofreciendo alrededor de 26 mil pesos por cada arma de alto poder que entreguen a las autoridades? Bueno.
El referido programa se llama Sí al desarme, Sí a la paz.
Entre sus objetivos de dicho programa, anunciado en diciembre pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum, está reducir la cantidad de armas en manos de civiles.
Varios medios de comunicación publicaron que el Gobierno de México ha revelado las sumas que pagará a los ciudadanos que participen de un programa nacional de desarme que se implementará en los atrios de las iglesias y que ofrece hasta 26 mil 450 pesos a cambio de piezas de alto poder como ametralladoras.
Los incentivos en efectivo varían según el arma que se entregue: mil 045 pesos por armas artesanales de todo calibre; 4 mil 080 pesos por un lanzagranadas; 25 mil pesos por un fusil AK-47 y 26 mil 450 pesos por ametralladoras ligeras y pesadas, según la lista publicada en el Diario Oficial el reciente lunes.
Entre los objetivos del programa Sí al desarme, Sí a la paz, anunciado en diciembre pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum, está reducir la cantidad de armas en manos de civiles y disminuir con ello “los índices de violencia, inseguridad y accidentes en los domicilios como consecuencia del manejo de estos instrumentos”, se explica en la publicación.
El proyecto indica que el operativo estará a cargo de las secretarías de Defensa (Sedena), Gobernación (Segob), a cargo de Rosa Icela Rodríguez y Seguridad Pública y Protección Ciudadana, cuyo titular es Omar García Harfuch.
Claudia Sheinbaum subrayó en diciembre que no habrá procesos judiciales contra los poseedores de armas de fuego que participen del plan, parte de su estrategia global de seguridad pública.
Un programa similar está vigente desde mayo de 2019 en la capital mexicana y fue implementado cuando Sheinbaum era la alcaldesa de esta metrópoli de casi diez millones de habitantes.
Cifras oficiales indican que el plan ha permitido retirar de circulación 8 mil 797 armas y casi 1.2 millones de municiones desde su instauración hasta mayo de 2024, según datos de las autoridades de la capital mexicana.
En 2023, México registró 31 mil 062 homicidios, 70 % de los cuales fueron causados por armas de fuego, según cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Tres cuartas partes de los homicidios están ligados a enfrentamientos entre grupos criminales por el control de rutas y mercados del narcotráfico, según cifras oficiales.
El gobierno mexicano sostiene que existe un vínculo directo entre la violencia criminal y el tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos.
Eso no es nuevo
Sí, en México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las autoridades locales ya han realizado campañas de canje de armas por electrodomésticos o dinero. El objetivo siempre ha sido promover una cultura de paz y reducir la incidencia de delitos, como robos, en los que se involucran armas de fuego. Aunque esos objetivos nunca se han cumplido, porque la violencia ha ido hacia arriba, en forma creciente cada año y en cada sexenio del gobierno federal, sin importar de qué color sea el partido que haya estado en el poder presidencial.
En estas campañas, los militares evalúan y destruyen las armas recibidas. El electrodoméstico o el dinero que se entrega a cambio depende del calibre y las condiciones del arma.
Algunos de los electrodomésticos que se pueden obtener son: pantallas, refrigeradores, microondas, celulares, herramientas, desbrozadoras, taladros.
La Sedena no investiga a las personas que entregan sus armas, por lo que no enfrentan ningún problema legal.
