No pudieron con el paquete

Varios enroques o despidos de funcionarios públicos de segundo nivel, que han ocurrido recientemente, podrían ser considerados normales, hasta cierto punto, porque es el inicio de una administración estatal que dura seis años. Pero todo parece indicar que eso demuestra que muchas personas piensan que es muy fácil desempeñar un cargo público en el gobierno. Sin embargo, cuando están frente a un escritorio se dan cuenta que no es así, sino que la actividad termina siendo más compleja de lo que se había pensado. Otros creen que eso significa únicamente ir a ganar dinero en forma fácil. Falso.

Para desempeñar un cargo público, un ser humano debe poseer ciertas características, que tienen que ver con el conocimiento de la tarea a desempeñar; que posea buen carácter; que sea capaz de albergar mucha paciencia; que sea moderado y que tenga capacidad de liderazgo, entre otros aspectos.

De igual manera, las personas removidas de sus cargos, en tan corto tiempo, no quisieron darse cuenta que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar está decidido a combatir la corrupción y a que en su administración debe haber gente capaz, honesta y comprometida con las causas sociales. Y ahí, en ese punto, muchos se están topando con pared.

Que les sirva de experiencia a aquellos que no pudieron con el paquete y ya se fueron a sus casas. Y que los demás pongan sus barbas a remojar.

Recordemos, en forma breve, que tan solo en los primeros cuatro meses de la administración estatal, ha habido varios relevos en las fiscalías regionales; en mandos medios de la Secretaría de Seguridad del Pueblo; en algunas subsecretarías, como la de la Mujer e Igualdad de Género de donde salió Janette Ovando Reazola para irse a la Secretaría del Humanismo, o de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural a donde llegó Jorge Constantino Kanter. El caso más reciente y quizá el más importante: la salida de Armando Barrios Fierro de la dirección general del ISSTECH.

Como podemos observar, algunos han sido enroques o reacomodos, pero en algunos otros, los funcionarios han sido enviados a sus casas.

Llama la atención que eso esté sucediendo, porque apenas han transcurrido cuatro meses de la presente administración estatal y varios de esos funcionarios públicos han sido removidos de sus cargos por su notoria incapacidad para desempeñarlos, porque han cometido irregularidades propias de novatos o porque ya andaban intentando realizar actos de corrupción.

Uno de los casos más sonados fue el de Eleanneth Jocabeth García de los Santos, quien fue cesada como titular de la Fiscalía de la Mujer en Chiapas después de haber sido acusada de no manejar con perspectiva de género un caso de violencia familiar y de haber utilizado sus redes sociales para denostar las críticas que un periodista había hecho a su labor.

Se filtró la autorización que la fiscal hizo para que no procediera el ejercicio de la acción penal por atipicidad en contra de un compositor y cantante chiapacorceño, acusado de violencia familiar equiparada, y se archivara definitivamente la carpeta de investigación. Ahí hubo, por un lado, la evidente novatez de la funcionaria y, por otro, su evidente intención de manipular un proceso denunciado por una mujer para beneficiar a un hombre. Cuestionado asunto porque la titular de esa Fiscalía es mujer, justamente para que su actuación sea imparcial y con perspectiva de género para buscar siempre la justicia en favor de las personas de su género. En el caso mencionado, ella estaba haciendo exactamente lo contrario.

Casos más graves

Otros casos son más graves. Se trata de aquellos que están viendo la tempestad y no se hincan. Si saben que va en serio la transparencia, el humanismo y la honestidad en este gobierno, ¿para qué entonces siguen con su robadera?

Me estoy refiriendo a cuatro funcionarios de la Secretaría de Salud a quienes se les inició ya un proceso de inhabilitación por diversas razones.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó ha iniciado un procedimiento formal de inhabilitación en contra de cuatro servidores públicos de nivel medio y alto adscritos al área de adquisiciones de medicamentos de la Secretaría de Salud, por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Los hechos investigados señalan que dichos funcionarios abusaron de su posición de confianza al realizar compras simuladas y pagos con sobreprecio en un contexto crítico de escasez y alta demanda ciudadana, afectando directamente el acceso a servicios médicos esenciales. El presunto desfalco asciende a casi 20 millones de pesos.

Las sanciones administrativas podrían alcanzar entre 10 y 20 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas, conforme al artículo 78 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas.

Por aparte, se ha abierto una línea de investigación penal por la probable comisión del delito de extorsión, ya que se presume que los servidores implicados exigieron un pago indebido equivalente al 40 por ciento del monto de una deuda pública de 53 millones de pesos a un proveedor, como condición para liberar el pago, bajo amenazas de represalias administrativas.

La funcionaria agregó que los procedimientos administrativos ya están en marcha y que, en paralelo, se dará parte a las autoridades penales correspondientes para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos.

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