Sin pies ni cabeza

El proceso de elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial empezó sin pies ni cabeza. Todos los especialistas y analistas opinaron, con suficientes argumentos por delante, que una elección popular no encaja entre ese tipo de funcionarios públicos cuya formación debería ser, primordialmente, técnica-jurídica y fundamentada, al pie de la letra, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes secundarias.

Pero así lo ideó el creador del concepto de la 4T desde el sexenio pasado y así se hizo. Su único propósito era y sigue siendo crear un Poder Judicial alineado completamente a su ideario político y para ello era necesario eliminar todas las bases que le daban independencia a esa institución. Todo apunta a que así quedará finalmente uno de los tres poderes de la unión, sin posibilidades de servir de contrapeso a los otros dos.

El proceso electoral sigue estando amorfo, desordenado y confuso. Esas ambigüedades están sirviendo para beneficiar a quienes ostentan el poder presidencial. Dejaron muchos huecos para que puedan quitar a todo aquel que no garantice lealtad y sumisión a los postulados morenistas. Acaban de inventar otro: que podrían ser eliminados de las listas todos aquellos candidatos que carezcan de probidad. Ese concepto es muy maleable y flexible, de manera tal que se le puede atribuir fácilmente a alguien o quitárselo a algún otro.

Apenas la semana pasada, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que se analizará que las personas que participan en el proceso a los cargos del Poder Judicial cumplan con el requisito de probidad, la cual es una obligación.

Señaló que habría personas que podrían no cumplir con el requisito de probidad, que es una obligación que está para quienes quieran postularse a los cargos del Poder Judicial.

Indicó que ha dialogado con el senador Gerardo Fernández Noroña para hacer un análisis de cuáles pudieran ser esas personas que estuvieran en esa hipótesis. “Nosotros acompañaremos cualquier recurso legal para que estas personas que, si no cumplen esos requisitos, están en la lista, pues sean valoradas estas pruebas que hubiera en el Tribunal Electoral y, en su caso, se tomara la medida de retirarlos de las listas”.

Apuntó que el Comité de Evaluación trabaja de la mano con el Senado y cuando tengan esa relación, la podrán compartir con los diputados y con ello hacer nuestra propia evaluación y presentar un recurso jurídico.

Recordó que el proceso de elección para los cargos del Poder Judicial fue una convocatoria abierta y se pudieron inscribir muchas personas.

“Si estamos en algún momento del proceso y se puede hacer esa depuración, no creo que tenga que verse como un problema, más bien, sino justamente como una fase donde se pueda corregir algo, que en un principio no se tenía la información sobre los antecedentes de esas personas”, consideró Gutiérrez Luna.

Y uno se pregunta, ¿retirarlos de las listas a estas alturas, cuando todos ellos tuvieron que transitar por un tortuoso y enredado proceso de selección de perfiles, cuando hubo una depuración con las famosas tómbolas y cuando más de tres mil candidatos llevan casi un mes haciendo sus respectivas campañas?

Ese es justamente un síntoma que confirma que dichos nombramientos no debieron haberse hecho mediante el voto popular y que todos los errores están tratando de corregirse en el camino.

Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtieron desde un principio que el mecanismo de elección de las personas juzgadoras del país por medio del voto popular, que incluye la propuesta de reforma judicial, no es la que el país necesita; recurrir al sistema electivo no garantiza la profesionalización ni independencia de los impartidores de justicia, indicaron.

La directora de la Facultad de Derecho (FD), Sonia Venegas Álvarez, dijo que las democracias más consolidadas en el mundo no tienen la forma de elección de jueces y magistrados. “El electorado promedio no dimensiona el papel de los juzgadores en el funcionamiento de su país, y esa es la sentencia que se debe ponderar”.

Las elecciones judiciales no pueden llevarse a cabo en naciones donde se carece de cultura judicial; tampoco se trata únicamente del derecho a elegir, sino de lo que implica en la vida cotidiana. El caso boliviano, ejemplificó, ha tenido un resultado “desastroso”.

En la Mesa Cuatro Elección de Jueces y Magistrados por voto popular, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Javier Martín Reyes, estimó que no se debe plantear una solución homogénea para los poderes judiciales, sino pensar en reformas específicas. Para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se requiere una reforma: se tiene que transitar a un mecanismo que garantice tanto la independencia política como la competencia técnica de las personas que la conforman.

Para una modificación real del sistema de justicia hay que discutir el funcionamiento de los tribunales, sobre todo locales, junto con los sistemas de seguridad pública y de procuración de justicia.

Héctor Huitrón Cruz, profesor de la FES Aragón, calificó como “inquietante” que un juzgador sea votado por ser carismático, o del agrado de la sociedad. No todos los electores sabrán si la formación, el desarrollo, la experiencia o el conocimiento del aspirante en el ámbito judicial serán suficientes para su encargo.

alexmoguels@hotmail.com