Notario 118 actúa en forma impune
Ahora que estamos en la época de cero impunidad, promovida por el actual Gobierno estatal, las autoridades correspondientes deberían realizar una exhaustiva investigación del trabajo que realizan los Notarios Públicos en Chiapas, varios de quienes han estado cometiendo irregularidades en agravio del patrimonio de muchos chiapanecos, en actos claramente de injusticia e impunidad porque, a pesar de haber sido denunciados, no reciben castigo alguno.
Tengo en mis manos varias denuncias en contra del Notario Público 118, cuya sede está en Copainalá, Juan Carlos Ramírez Matus, sustituto de José Luis Ruiz Rodríguez, quien es secretario de Servicios parlamentarios de la LXIX Legislatura de Chiapas.
De acuerdo con denuncias que están en mi poder, Ramírez Matus realizó, como fedatario público, maniobras sucias e ilegales para arrebatarle una casa habitación a la señora Ivonne Roxana Valdez Quintero quien, a pesar de haber denunciado los hechos, no ha podido recuperarla. Además, hay múltiples denuncias en contra de ese fedatario por tratos prepotentes y déspotas contra sus clientes.
Se sabe, por otras fuentes, que se siente protegido por un manto de impunidad, porque su titular es alto funcionario del Congreso de Chiapas, cuya trayectoria también mostraremos en entregas posteriores.
Es impresionante, cómo, a pesar de haber realizado múltiples denuncias, ante distintas instancias, la señora Ivonne no ha obtenido respuesta aún a sus reclamos de justicia.
Sin embargo, la afectada dijo tener confianza en que el actual gobernador tome cartas en el asunto, porque él mismo ha ofrecido que en su administración nadie podrá estar por encima de la ley y, mucho menos, quienes, desde una posición de poder, estén cometiendo injusticias contra los ciudadanos.
Detalles del caso
Ivonne Roxana Valdez Quintero, compró en 2006 el inmueble ubicado en la colonia Las Águilas de Tuxtla Gutiérrez, a través de un crédito con Fovissste.
Ella vive en Tonalá, Chiapas, por lo que dicha casa quedó deshabitada.
A mediados del 2023, se encontró con varias personas dentro de la vivienda que dijeron ser arrendatarios de Alejandro Robles García.
Después de haber realizado gestiones jurídicas, logró que dichas personas desocuparan el inmueble, pero, antes de irse, esos sujetos saquearon la casa y la dejaron sin tinaco, sin barras metálicas de protección, sin puertas y con una conexión ilegal a la red de agua potable que originó una multa por varios miles de pesos con Smapa.
El 25 de abril de 2024, el Fovissste liberó la constancia de finiquito de dicha propiedad, toda vez que ella había pagado completamente el inmueble.
Durante 2024, se percató que el recibo de agua y el predial venían a nombre de Alejandro Robles García. Por esa razón, presentó una queja ante el Ayuntamiento tuxtleco en el que pedía la rectificación de dichos datos, pero esa autoridad nunca respondió. Hasta hace un par de meses y en respuesta a un juicio de amparo, dicha autoridad municipal reaccionó, pero no resolvió el problema, sino que bloqueó la cuenta predial.
Debido a lo anterior, la quejosa solicitó un certificado de libertad o gravamen ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Chiapas, el cual fue expedido “con un gravamen”, consistente en una cesión de derechos de crédito otorgada supuestamente por un apoderado de la persona moral Hipotecaria Crédito y Casa, la cual se encuentra en liquidación y, desde hace tiempo, no está funcionando. Esa cesión de derechos fue otorgada por el referido Notario 118, Juan Carlos Ramírez Matus, a favor del mencionado Alejandro Robles García.
Al hacer la investigación y revisar los documentos de la cesión de derechos, se advierten múltiples irregularidades, entre ellas, el apoderado, que supuestamente firmó la referida cesión, carece de facultades para ello, pues el Poder con el que se acreditó, es para otros fines, lo cual indica claramente, que el notario público no revisó o no lo tuvo a la vista, pues es lo primero que debió hacer como perito en derecho.
Además, lo más grave es que la Hipotecaria Crédito y Casa, que ya no existe, cedió los derechos del crédito al Fovissste, en el 2010, en escritura pública ante un notario de la Ciudad de México, lo que confirma la irregularidad de la cesión supuestamente otorgada ante la fe del notario Ramírez Matus, pues quien supuestamente cedió, ya no era propietario de esos derechos, porque como se dijo, el titular de ese derecho era el Fovissste.
Por todo lo anterior, existen suficientes pruebas de que el referido notario Juan Carlos Ramírez Matus, hizo a un lado su responsabilidad primaria de verificar, en forma fehaciente y documental, que el hecho que estaba avalando era real y que no estaba afectando a terceros interesados, como es el caso de la señora Ivonne.
El 22 de enero de 2025, la agraviada denunció ante la Dirección de Notarías del Estado esas irregularidades, con pruebas en mano, sin que hasta esta fecha se haya dictado una resolución.
De igual manera, ante el Consejo Estatal de Notarios; ante la directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio; ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y, finalmente, no le quedó más remedio que solicitar el apoyo del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar a quien también ya le envió un documento exponiendo, con detalles, el agravio que ella está sufriendo.
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