¿Para cuándo en Chiapas?
Las sanciones y multas a que se harán acreedores los llamados “franeleros” en la Ciudad de México deberían ser imitadas en otras partes de México, porque se ha convertido en una práctica común entre muchas personas que se creen con derecho de estar cobrando ciertas cantidades de dinero a los automovilistas, simple y sencillamente para que puedan estacionarse en las calles que, de todas formas, son públicas.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó, la semana pasada, una iniciativa de reforma para la Ley de Cultura Cívica cuyo objetivo principal es castigar el uso indebido del espacio público, en específico de las personas dedicadas a acomodar vehículos o apartar lugares en las calles, mejor conocidos como “franeleros”.
Ese ejemplo debería ser retomado por diputados locales chiapanecos porque esas mismas acciones son practicadas por varias personas, la mayoría jóvenes, principalmente en la zona de antros y restaurantes en Tuxtla Gutiérrez.
Esos sujetos se ofrecen como acomodadores de automóviles y se prestan, amablemente, a ayudar a que sean estacionados los automotores; sin embargo, ahí mismo, solicitan al conductor que pague por adelantado, muchas veces, hasta 50 pesos, disque porque van a cuidar el automotor, pero cuando el cliente sale del antro o restaurante al que haya ido, el presunto cuidador ya no está. Son, además, mentirosos y ventajosos.
El problema es que todos ellos “exigen” el pago como si fuera “una obligación” de los conductores. Nada de obligación. Las calles son públicas y pertenecen a todos los ciudadanos. De todas maneras, si algún conductor se niega a pagar la cantidad solicitada, el franelero se comporta muchas veces en forma amenazante y el conductor se queda con la preocupación de que su vehículo pudiera resultar dañado por aquellos se quedan molestos y resentidos por la falta del pago.
La iniciativa de reforma, en cuestión, fue presentada el pasado martes 17 de junio ante el Congreso de la Ciudad de México para someterlo a discusión. Esto permitirá sancionar el uso ilegal de la vía pública. Ese uso ilegal implica delitos como amenazar (tanto a las personas como a daños en los vehículos), robar, golpear y poner precios a los lugares para estacionarse en la calle.
En esta ciudad, el espacio público es un derecho, no es una mercancía ni debe ser un privilegio. No hay un espacio público más importante, más vital, más democrático y más cotidiano en su uso que las calles (...). Cuando alguien se apropia de las calles, cuando alguien condiciona su uso para estacionar vehículos con amenazas o con cobros indebidos, lo que está haciendo es romper el principio básico de equidad en esta ciudad
Clara Brugada aseguró que la reforma a la Ley de Cultura Cívica propone elevar sanciones de hasta 36 horas de arresto contra personas que “exijan, coaccionen o intimiden de cualquier manera a una persona para obtener un pago por vigilar, estacionar, cuidar, lavar o asear vehículos”. Dependiendo la acción de amenazar o ejercer algún tipo de violencia, el arresto podría aumentar y se dará aviso a la Fiscalía de la Ciudad de México.
Pero esto no solamente se trata de castigos, la jefa de gobierno capitalino presentó también alternativas e iniciativas para que esas personas tengan la posibilidad de tener un empleo o emprendimientos y, para eso, dialogarán con los involucrados y agrupaciones dedicadas a esas actividades.
“Sí, aumento de sanciones, reformas, normas, afinar las leyes, pero, por otro lado, tenemos que dar alternativas (...). No se trata de excluir, sino de incluir a todas las personas a un modelo de ciudad, donde vivir con dignidad no dependa de la ilegalidad (...). Nuestro objetivo es la construcción de territorios de paz e igualdad y atendiendo causas”, aseguró la mandataria capitalina.
Además, Clara Brugada aseguró que en conjunto con la Secretaría del Trabajo ofrecerá las alternativas necesarias para estas personas, así como la creación de programas de apoyo con el fin de atender sus casos y promover mecanismos de giro social y comunitario.
De boca en boca
Que el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, se está quedando cada vez más solo. Mientras que, a la par y a un costado, se le apareció, en forma repentina y con mucha fuerza, el nombre de Francisco Chacón, quien “tiene capacidad de gestión y de respuesta, para todo lo que le pidan los tuxtlecos”… Ahora sí es notorio y público que la Fiscalía General de Chiapas, a cargo de Jorge Luis Llaven Abarca, está dando resultados concretos y bastante rápidos. El más publicitado fue el feminicidio de Erika N, cuyo cuerpo fue encontrado incinerado dentro de su propia casa. En menos de 24 horas, la Fiscalía había desenmarañado el caso y detenido a su presunto feminicida, su misma pareja sentimental, quien habría actuado por celos. Así deberían ser la mayoría de esos delitos. Ya no hay pretexto para atorarse o tardarse en investigar, perseguir y detener a los responsables. Las nuevas tecnologías han resultado instrumentos eficaces para resolver en un tiempo relativamente rápido ese tipo de casos… El rector de la UNACH, Oswaldo Chacón Rojas, está haciendo bien las cosas en esa institución de educación superior. Haber dado un duro y certero golpe a un nido de corrupción tremendo allá por la calle Central y décima Sur, pisó callos y dolió mucho a quienes obtenían grandes dividendos. Yo diría: ¡pa’delante y sin detenerse!, en eso de poner orden dentro de la máxima casa de estudios de los chiapanecos.
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