Dos universidades autónomas
¿Otro fraude inmobiliario?
Estuve investigando y solo encontré a dos entidades, de las 32 que hay en México, con dos universidades públicas autónomas: Chihuahua y Campeche.
La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), son las dos instituciones en ese estado.
En Campeche, las universidades autónomas principales son la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) y la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar). Ambas son instituciones públicas que gozan de autonomía para autogobernarse y establecer sus propios planes de estudio y normativas dentro del marco legal.
Chiapas aparecerá pronto en esa lista. Durante cincuenta años consecutivos, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) fue la única reinante como la máxima casa de estudios de esta entidad con esas características.
De hecho, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) tiene registros de que en los últimos cincuenta años se han instituido treinta y dos universidades autónomas, todas ellas de carácter público, para realizar las tres funciones básicas de la educación superior: docencia, investigación y difusión de la cultura, más las otras dos que menciono en párrafos anteriores.
La sorpresa para muchos surgió este martes, cuando la Sexagésima Legislatura de Chiapas aprobó, por unanimidad de los presentes, reformas a la Constitución local para dotar de autonomía constitucional a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).
Esa reforma, dijeron, garantiza la libertad de cátedra, desarrollar programas académicos innovadores, fomentar la creatividad, la investigación, promover la inclusión y la diversidad.
Con ello, esa institución se constituirá como un organismo autónomo descentralizado, de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al servicio de los intereses de la nación y del estado de Chiapas en la construcción de una sociedad de paz.
En síntesis, la autonomía de una institución superior significa muchas cosas. Por ahora, la Unicach era casi un ente dependiente del Ejecutivo estatal y, hasta su nómina, era autorizada por la Secretaría de Finanzas de Chiapas.
La autonomía permitirá a sus autoridades tomar decisiones independientes, en materia administrativa, de finanzas y todo lo demás, sin olvidar que deberán someterse a un riguroso escrutinio de las auditorías federales y estatales. También requerirá de un mayor compromiso académico, para que su personal docente y el alumnado demuestren calidad que la vista de un estatus importante en el contexto regional, nacional e incluso internacional.
Se trata de una apuesta por la excelencia académica, por la libertad de cátedra, por la investigación rigurosa y garantiza -además- desarrollar programas académicos innovadores y relevantes, fomentar la creatividad y la investigación, promover la inclusión y la diversidad y fortalecer su relación con la comunidad y responder a sus necesidades.
En el acto, resaltaron las presencias de Fernando Bermúdez, jefe de la Oficina de Gubernatura, en representación del gobernador, Eduardo Ramírez; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Carlos Moreno Guillén y la rectora de la Unicach, Fany López Jiménez.
¿Es o no un fraude?
¿Qué escandalito se traen con eso de un nuevo cártel inmobiliario o que se trató únicamente de una negligencia, abusives, agandalle o un presunto fraude cometido por un tal Víctor Manuel Ochoa Herrera, quien se ostenta como empresario inmobiliario de Chiapas?
Por principio de cuentas, muchas personas han sido lastimadas, engañadas y defraudadas, por varios millones de pesos, en múltiples casos similares, desde los ocurridos en la Ciudad de México, hasta los sucedidos en Chiapas en el pasado reciente, cuyos principales actores están en la cárcel o están llevando un litigio en los juzgados. Por tanto, cualquier tema que se le parezca, genera escozor, molestia e indignación entre la sociedad chiapaneca.
Por lo pronto, ahí está el caso referido, llevado a cabo por autoridades judiciales chiapanecas. Selena Corzo Hernández, la afectada, tuvo la necesidad de presentar, el 24 de abril de 2025, una demanda judicial por fraude contra el señor Ochoa Herrera por haber incumplido un contrato de compraventa anticipada, que él había firmado, desde el 18 de junio del año pasado y en cuyo acto ella entregó un millón de pesos por concepto de adelanto.
De acuerdo con la denuncia, el empresario dejó especificado en el contrato que la casa, con escrituras de por medio y completamente terminada, iba a ser entregada a la compradora a más tardar el 15 de octubre de 2024 y, en esa misma fecha, ella pagaría el resto del precio pactado.
Pero ante el incumplimiento de lo ofrecido y ante tantas evasivas del empresario, la agraviada se vio en la necesidad de demandarlo por el delito de fraude el 24 de abril del presente año y, ante esa presión, él se vio obligado, el 5 de junio del presente, a devolver 900 mil pesos ante un juzgado, cien mil pesos menos de lo que había recibido.
Las autoridades competentes deberán resolver lo que a derecho corresponda y deslindar responsabilidades.
Sin embargo, esos conflictos no deberían suceder, porque si alguien se comprometió a hacer algo -en este caso vender una casa-, debería cumplir, en todos sus términos con lo prometido y evitar, al máximo, llegar a las demandas judiciales. Porque, de lo contrario, sí dejan una estela de dudas de haber existido intenciones mal sanas.
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