En la Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe para la Implementación en la Acción Climática Regional, celebrada en Ciudad de México (25-26 de agosto de 2025), 22 países y más de 100 invitados -incluyendo a Cepal, BID, el Fondo Verde para el Clima, entre otros- buscaron hacer un frente unido rumbo a la Conferencia de Cambio Climático que se celebrará en noviembre en Belém, Brasil.
La apuesta es una narrativa latinoamericana y caribeña propia: con el Caribe recordando que la adaptación es supervivencia y con financiamiento climático concesional y predecible -basado en subvenciones- para transformar la vulnerabilidad en estrategia de desarrollo. ¿Cómo? Mediante plataformas regionales que convoquen al sector privado y a las aseguradoras, reorienten subsidios y aseguren trazabilidad. ¿Cuándo? Este año, cuando los países entreguen sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) en la COP30.
Los datos obligan a la honestidad: 74 % de nuestros países han sufrido fenómenos climáticos recurrentes; emitimos solo 11.3 % de los gases de efecto invernadero, pero enfrentamos pérdidas proyectadas de hasta 12.6 % del PIB regional al 2050 y entre 3 y 9 % anual en el Caribe. Ese desbalance no se corrige con discursos; se corrige con multilateralismo eficaz, cooperación regional y una arquitectura financiera diseñada para la realidad latinoamericana y caribeña.
En la reunión se dijo sin rodeos: necesitamos una narrativa propia. Esa narrativa ancla tres principios: adaptación como prioridad, justicia climática y participación plena de pueblos indígenas y sociedad civil. Adaptación no es una línea en el presupuesto, es supervivencia para los pequeños Estados insulares; es prosperidad futura si hoy invertimos en sistemas de alerta temprana, soluciones basadas en la naturaleza, ciudades resilientes y protección de bosques y servicios ecosistémicos como bienes públicos globales.
El cómo financiero también cambió de tono. El referente de 1.3 billones de dólares anuales no es una consigna: es un espacio de negociación para innovar y movilizar.
La instrucción es precisa: financiamiento nuevo, accesible y suficiente, predecible y en forma de subvenciones; los préstamos que agravan la deuda no pueden cargar, otra vez, el costo de la resiliencia. Al sector privado se le convoca con seriedad: retorno ajustado al riesgo, reglas claras, taxonomías, bonos verdes/azules, canjes de deuda por naturaleza y seguros que reduzcan volatilidad.
Sin medir no hay credibilidad. Urge finalizar los indicadores del Objetivo Global de Adaptación, avanzar en pérdidas y daños y desplegar indicadores locales que fortalezcan adaptación liderada localmente. Allí se juega la confianza pública, hoy minada por la desinformación y el negacionismo: integridad de datos, transparencia y rendición de cuentas deben ser nuestro blindaje.
También hubo política con mayúscula. Afuera del recinto, organizaciones se manifestaron contra el fracking y la minería submarina; adentro, Panamá pidió ratificar e implementar el Tratado de Alta Mar y prohibir la minería submarina. Esa tensión es saludable si se traduce en señales de política coherentes con los mandatos sociales.
La hoja de ruta de los cinco Mutirões se encadenan:
- Narrativa, integridad y plan de acción de la Presidencia brasileña;
- Adaptación con instrumentos e indicadores comunes;
- NDC aterrizadas en política pública y presupuesto;
- Financiamiento con un sector privado involucrado;
- Transición energética ambiciosa y cooperativa.
No es retórica: es una secuencia ejecutable si llegamos a Belém con NDC sólidas, proyectos listos y alianzas definidas. Mi conclusión es simple: América Latina y el Caribe no van a la COP30 a justificarse, sino a proponer. “El consenso es importante, pero la acción no puede esperar”: André Corrêa do Lago, presidente designado de la COP30.
