Hace unos días, Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), señaló ante la Cámara de Diputados que actualmente México no tiene las condiciones para avanzar en la explotación mediante fracturación hidráulica, particularmente por los problemas relacionados con el agua.
Esto es relevante en nuestro contexto actual, porque reconoce públicamente algunos de los riesgos del fracking para la sociedad, pero eso no significa que esta técnica haya sido descartada por el gobierno.
De hecho, la propia Bárcena aclaró que lo autorizado hasta ahora son estudios para saber si existe agua salada y profunda que pueda utilizarse en estos procesos, además desde agosto de este mismo año un grupo científico creado por el gobierno había planteado continuar evaluando la extracción de gas no convencional en regiones como Burgos y Sabinas Burro Picachos.
Es decir, por ahora no hay autorización para explotar estos yacimientos mediante fracking, pero sí continúa la búsqueda de condiciones que eventualmente permitan hacerlo.
Esto es muy preocupante, porque la discusión actual desde el gobierno parece estarse moviendo hacia cómo hacer viable esta técnica y no en si realmente necesitamos desarrollarla, todo esto a pesar del notable rechazo social hacia dicha práctica.
Es cierto que sustituir agua dulce por agua salada puede reducir una de las presiones más evidentes para un país como el nuestro en el que el grado de presión hídrica es crítico, además esto no elimina las perforaciones, la generación de aguas residuales, las emisiones de metano, los riesgos de contaminación, la infraestructura, los desplazamientos forzados ni las transformaciones territoriales que acompañan a esta industria.
Uno de los mayores problemas es que las regiones que siguen bajo estudio se encuentran principalmente en el norte del país, donde la falta de disponibilidad de agua es grave, líquido que sigue siendo útil y necesario para otras fases del proceso extractivo, además parece que no se está tomando en cuenta que son zonas donde también hay comunidades, actividades productivas y ecosistemas que terminarían compartiendo el territorio con una nueva expansión de infraestructura fósil.
El hecho de que se descarte una región por sus condiciones sociales y ambientales no significa que los impactos desaparezcan cuando la actividad se traslada a otra parte, solamente estamos moviendo los efectos a donde es posible que la resistencia social sea menor.
Las declaraciones de Bárcena pueden representar una posición más contenida del gobierno para medir el ánimo de la población al respecto, pero también dejan abierta la puerta a las pruebas por si encuentran agua salada suficiente, o si se desarrollan nuevas tecnologías o si se establecen condiciones técnicas distintas, entonces el argumento de que “no existen condiciones” podría cambiar fácilmente.
Por eso, desde mi perspectiva, el debate no debería quedarse en encontrar una forma menos problemática de hacer fracking, sino en si realmente debemos comprometernos a atraer nuevas inversiones e infraestructura, así como a ocupar territorios, ya que lo anterior únicamente nos va a encadenar a un proceso extractivo que va en contra de la lógica de escasez de los fósiles, pero sobre todo de los riesgos que representa su extracción, pues hasta el día de hoy no hay una sola prueba de que las supuestas nuevas tecnologías y técnicas que se mencionan desde el gobierno realmente generen menores efectos que las tradicionales.
El riesgo está en que nos dediquemos a resolver los obstáculos técnicos para una actividad sin haber discutido antes si realmente queremos abrirle la puerta al fracking.
