La política de Bienestar implementada por la Cuarta Transformación ha sido sumamente exitosa; de acuerdo con el Banco Mundial, 9.5 millones de mexicanas y mexicanos han salido de la pobreza y 80 por ciento de los hogares reciben al menos un programa social.
Si de lo que se trata es de consolidar el Estado de bienestar, entonces, a nadie debe sorprender que ahora se establezcan como derechos constitucionales los programas sociales Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Fertilizantes, Precios de Garantía y Apoyos a Pescadores de Pequeña Escala.
Además, consigna la universalidad y el fortalecimiento de las pensiones para las personas adultas mayores y las personas con discapacidad quienes recibirán un apoyo económico durante toda su vida, asegurándoles rehabilitación y habilitación a quienes viven con esta condición de manera permanente, dando prioridad a las personas menores de 18 años.
De manera inédita, se prevé que el Estado destine anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos, conforme al principio de progresividad, para garantizar los derechos establecidos en el artículo 4o. constitucional que impliquen la transferencia de recursos directos a la población destinataria, entre ellos, las becas para todos los niveles educativos, y las pensiones referidas, cuyo monto no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Aunque en los hechos las personas adultas mayores de 65 años acceden a un ingreso básico que mejore su calidad de vida, fortalezca su autonomía y los dignifique, a través de la correspondiente pensión, la edad mínima requerida se precisa, a fin de evitar decisiones discrecionales.
La magnitud de la Política de Bienestar se puede dimensionar en sus beneficiarios y recursos invertidos: existen 30 millones de familias mexicanas que se ven beneficiadas de la política social que ha privilegiado la distribución del presupuesto público en dónde más se requiere y en quién más lo necesita, 25 millones de hogares reciben programas sociales y 5 millones gozan de los beneficios derivados de la estabilidad en los impuestos y los precios de los combustibles, que no han aumentado.
En el sexenio anterior se invirtieron alrededor de 2.7 billones de pesos en apoyos directos, una cifra que no tiene precedentes, pero que, seguramente, será superada en la actual administración encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, toda vez que se fortalecen los programas existentes y se crean otros de gran envergadura, como la pensión para mujeres de 60 a 64 años, la Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina Gutiérrez, a todas y todos los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas; el Programa de Vivienda y Regularización, a través del cual se construirá un millón de viviendas y se entregará un millón de escrituras, con la finalidad de apoyar particularmente a poblaciones vulnerables como mujeres jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultos mayores, entre otros.
Es evidente que México ha cambiado y lo ha hecho para bien. Seguirá transformándose la realidad a paso acelerado y firme porque existe una ciudadanía empoderada, las acciones públicas tienen como base los principios y valores del humanismo mexicano, se han mantenido finanzas públicas sanas, y se incorporará a los beneficios del desarrollo a las mujeres y a los grupos históricamente excluidos.
Hoy tenemos a una gran mujer liderando los destinos de nuestra nación y el pueblo tiene la esperanza renovada. A solo un mes de haber iniciado el nuevo sexenio se han ejecutado diversas acciones y se han consolidado reformas constitucionales de gran importancia; se vislumbra un futuro con certidumbre y alentador. La edificación del segundo piso es una realidad; bienestar y certeza es el binomio que mejor lo caracteriza.