Trasladar al INE la tarea de “filtrar” candidatos es una idea desacertada por al menos dos razones.
Apenas en marzo pasado, la reforma constitucional en materia electoral impulsada por Morena fracasó en el Congreso. Su derrota legislativa, sin embargo, no ha significado el fin de su intención reformadora.
Al contrario, Morena parece decidido a proponer, esta vez, ajustes parciales, acelerados y extraordinarios que, modificarán, otra vez las condiciones de competencia política de cara a 2027.
El primer frente de cambio busca posponer los comicios judiciales para 2028, con lo que se evitará la injerencia partidista que el propio diseño constitucionalizó al empalmar ambos procesos. Sin embargo, activará, en su lugar, la intervención presidencial, al empalmarlas con la revocación de mandato.
El Gobierno Federal también ha anunciado una reforma legal para crear un mecanismo que permita a los partidos políticos consultar información de seguridad sobre los aspirantes a alguna candidatura en las elecciones estatales y municipales de 2027. El INE deberá revisar las listas de aspirantes para identificar posibles “riesgos razonables” de vínculos con la delincuencia organizada.
Trasladar al INE la tarea de “filtrar” candidatos es una idea desacertada por al menos dos razones. Primero, porque desplaza la responsabilidad política al árbitro electoral. Son los partidos quienes deberían asumir el costo de garantizar integridad de sus cuadros.
Si más adelante se descubre que alguna candidatura tiene vínculos criminales, la respuesta será predecible: “la culpa es del INE”. Una coartada perfecta para dinamitar la legitimidad de la institución encargada de arbitrar la competencia democrática.
Segundo, porque abre una puerta peligrosa para la instrumentalización política de la seguridad. En un contexto de polarización creciente, no es difícil imaginar denuncias cruzadas, filtraciones selectivas o acusaciones estratégicas entre adversarios.
El riesgo es que la sospecha se convierta en una herramienta electoral y que la seguridad termine siendo usada como pretexto para la persecución política.
Al igual que ha pasado con la “reforma para reformar la reforma judicial”, la enésima enmienda electoral propuesta no responde a diagnósticos y perspectivas capaces de enfrentar efectivamente la intervención de redes criminales en toda su complejidad. Lo que logrará será cambiar las reglas del juego para gobernar sus consecuencias.
Al igual que sucederá con la propuesta constitucional promovida por Ricardo Monreal para anular elecciones federales y locales por “intervención extranjera”.
La propuesta incorpora entre tales conductas, las “presiones” de carácter “político, económico, diplomático o mediático que tengan como la finalidad de alterar la voluntad popular”.
La pregunta central es inevitable: ¿quién va a determinar eso? Se amplía el margen de discrecionalidad judicial e incentiva que cualquier resultado electoral disputado pueda judicializarse: una campaña digital, un reporte internacional o una declaración diplomática podrían convertirse en argumentos para impugnar una elección.
Invocar y dramatizar amenazas “desde fuera” ha sido un expediente recurrente de los autoritarismos para justificar restricciones abusivas y erosionar la democracia “desde dentro”.
El riesgo de una cláusula como esta es que, bajo el discurso soberanista, terminen sacrificándose libertades fundamentales —como la de expresión—, inhibir la cooperación internacional e, incluso, desincentivando el trabajo de observación electoral internacional.
Muy contrariamente a lo que piensa Monreal, una democracia se debilita cuando la defensa de la soberanía nacional deja de servir para proteger el voto y comienza a servir para condicionar su validez.
