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Hoy Escriben - Homero Bazán

Centro de Atención a Denuncias Falsas tendrá presencia nacional

En los sistemas de procuración de justicia, el uso deliberado de la falsedad es para muchos el pan de todos los días. Lo hemos visto, hemos sido testigos y la maquinaria continúa.

Es lamentable que los procedimientos legales ideados originalmente para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad se desvían de su cauce para convertirse en instrumentos de venganza, extorsión o control.

Por eso me pareció una buena noticia enterarme de la expansión, con presencia nacional, del Centro Nacional de Atención a las Denuncias Falsas, un esfuerzo estratégico que inició el abogado David Torres Cadena y que busca trascender las fronteras locales para blindar los derechos humanos y el debido proceso en todo el país.

Este trascendental anuncio no surgió en el vacío, cobró fuerza tras la presentación, hace unos días, del estremecedor documental Punto Cero Uno, del cineasta Alex Flores, quien expone sin concesiones la crudeza de este fenómeno social y pone rostros humanos a los expedientes archivados del dolor.

La proyección del documental reunió a un sólido frente común integrado por destacadas organizaciones civiles, entre las que figuran el Colectivo Nacional Infancia sin Barreras y el colectivo No Más Presos Inocentes. La convergencia de estas voces evidencia una exigencia ciudadana que ya no está dispuesta a tolerar la impunidad de la mentira en los tribunales.

Si exploramos los anales de la historia y la narrativa universal, una de las primeras y más emblemáticas denuncias falsas de la que se tiene registro es la protagonizada por José el Soñador, aquel personaje bíblico vendido por sus hermanos e injustamente encarcelado en Egipto tras la falsa imputación de la esposa de Potifar. Aquel episodio primigenio encapsula la esencia destructiva del ardid: utilizar la autoridad institucional para castigar a un inocente que carece de mecanismos inmediatos de defensa. Si traemos esto a la actualidad. ¿Qué hubiera sido del pobre conductor al que la hoy famosa Lady Uber acuso si no hubiera traído una cámara en su vehículo?

Hoy en día, el uso indebido del sistema judicial en México se ha vuelto alarmantemente sofisticado. Lejos de constituir un mecanismo aislado de protección, la denuncia falsa opera con frecuencia como un proyectil de precisión quirúrgica en disputas civiles, familiares y penales, desnaturalizando por completo el espíritu de la ley.

Cuando una persona se enfrenta a una denuncia falsa en México, cruza un umbral que bien puede describirse como un descenso al infierno institucional. El impacto inicial no es meramente jurídico; es un colapso multidimensional que destruye la estabilidad emocional, familiar y financiera del individuo.

Desde la perspectiva psicológica, el estigma de la sospecha genera un estado crónico de ansiedad, terror procesal, depresión profunda e indefensión aprendida. El peso de tener que demostrar la propia inocencia, en un sistema inquisitivo donde la presunción de inocencia a menudo se subvierte en la práctica, somete al acusado a una presión asfixiante.

A esto se suman honorarios legales, pago de peritajes privados, pérdida de empleos, deterioro de oportunidades profesionales y la liquidación paulatina de patrimonios familiares construidos a lo largo de décadas para solventar una defensa que puede prolongarse durante años.

Contrario a los mitos y prejuicios arraigados, las denuncias falsas no tienen género. Pueden ser interpuestas, y de hecho lo son, por cualquier persona, sin distinción de sexo, utilizando las debilidades estructurales de los protocolos de investigación para obtener ventajas ilegítimas en litigios de custodia, disputas patrimoniales o rencillas personales. Lo más alarmante es que, con demasiada frecuencia, estas conductas se perpetúan con absoluta impunidad, debido a la ausencia de tipos penales eficaces y sanciones severas contra los falsarios en la mayoría de los códigos punitivos estatales.

Es precisamente en este escenario de vulnerabilidad sistémica donde cobra un valor incalculable que un Centro de Atención a Denuncias Falsas tenga una presencia Nacional. Porque no es un ataque contra los derechos de las víctimas legítimas, sino todo lo contrario, mostrar que las denuncias falsas son, en esencia, el peor enemigo de las verdaderas víctimas de violencia o delitos reales.

Cada mentira procesal que satura las fiscalías, cada carpeta de investigación fabricada por rencor o ambición económica drena los recursos limitados del Estado y trivializa el sufrimiento genuino de quienes verdaderamente necesitan protección institucional.

Cuando el sistema se llena de falsedades, la credibilidad general se erosiona y las víctimas reales quedan atrapadas en la sospecha y la burocracia.

El paso anunciado por David Torres Cadena para dotar al Centro Nacional de Atención a las Denuncias Falsas de una presencia y cobertura verdaderamente nacional, respaldado por el pulso social plasmado por Alex Flores en Punto Cero y la presión organizada de colectivos ciudadanos, representa una luz de esperanza en el horizonte jurídico mexicano.

La justicia en México no puede seguir siendo rehén de la simulación ni un instrumento de coacción al servicio de ciertos intereses. La consolidación de este frente nacional exige una profunda reforma de los protocolos de valoración pericial y ministerial, pero, sobre todo, exige valor cívico para desterrar la mentira de los tribunales. Porque mientras existan inocentes purgando el peso de una infamia institucional, la promesa de justicia en nuestra nación seguirá estando incompleta.