Varios asuntos difíciles que forman la agenda histórica de la relación bilateral con Estados Unidos han seguido en estos años una dinámica de crecimiento exponencial. Tanto, que algunas realidades sólo pueden ser entendidas y atendidas en su dimensión regional transfronteriza, como la migración y el narcotráfico, o son también un reto planetario, como el deterioro ambiental y las amenazas epidémicas.

Poco se sabe de la letra chiquita de los acuerdos y temas abordados por los cancilleres de EU y México en la reunión en la que participaron los titulares mexicanos de Seguridad Pública, Gobernación y Defensa, con el secretario de Seguridad Nacional, el procurador general y el embajador de EU en México.

Pero es claro que el uso contradictorio y sesgado de la doctrina Estrada le seguirá saliendo caro a México si cualquier señalamiento migratorio de EU es considerado “intervencionista”.

Era de esperarse una interpretación oficial de la reunión como un rotundo éxito de México. No será tan terso el camino para resolver algunos pormenores del acuerdo, como la definición operativa de la acción de las agencias de EU en territorio nacional, o hechos tan concretos y poco explicados como el regreso al servicio de 24 agentes de la DEA que habían salido de México y regresado a su país hace pocos meses. En el esquema que reemplaza a la Iniciativa Mérida, tampoco es clara la dimensión y consecuencias del concepto de “comunidades seguras”.

Si los dos gobiernos están decididos a prevenir y enfrentar la criminalidad transnacional y actuar realmente contra las redes delictivas, se verá de qué están hechas las capacidades y la voluntad real para frenar la violencia desbordada de las bandas criminales del trasiego de drogas. Una falta de simetría entre los enunciados políticos y los objetivos alcanzables por ambos países sería muy negativa.

Cualquier acción eficiente requerirá el concurso de otros países, varios del extremo oriente y puntos preferentes del comercio del fentanilo, las metanfetaminas y otras drogas sintéticas.

¿Será la reunión México-EU el detonante para enterrar el programa de abrazos y no balazos? ¿La prevención y combate a los cárteles exige o no la aprehensión de los capos de grupos criminales? ¿Habrá un combate frontal a sus entramados financieros?

Si el Estado Mexicano está decidido a recuperar el 30% del territorio que algunas fuentes de EU estiman controlado por la delincuencia organizada, tendrán que verse acciones firmes antes del año electoral 2024.

Es difícil desechar la idea de que la ganancia electoral y la acumulación de poder seguirán siendo finalidad y supremo valor del gobierno, no la seguridad pública. El tráfico de armas estuvo ausente de los comunicados oficiales, como si se tratara de un problema entre particulares y el gobierno mexicano.

¿Habrá menos secuestros y feminicidios? ¿Disminuirá la cifra de 100 mil homicidios dolosos? ¿Atenderá México el problema político de la migración desde Haití, Nicaragua, Guatemala, Venezuela y Cuba donde la población es agredida por la delincuencia y abandonada por gobiernos antidemocráticos?

Sin los resultados de un compromiso común con la seguridad jurídica, la seguridad pública, el respeto al estado de derecho y sin mejores niveles de inversión, México y Estados Unidos podrían seguir sumando las consecuencias adversas de todas sus diferencias y asimetrías.