Las democracias suelen medirse por sus ganadores, y es un error. El ganador siempre está conforme; su conformidad no prueba nada. La prueba de fuego está del otro lado: en si el perdedor acepta su derrota y, sobre todo, en por qué la acepta.
“Ni las derrotas ni las victorias son para siempre”. Lo dijo Catalina Monreal el 25 de septiembre de 2024, el día en que la Sala Superior confirmó que había perdido la alcaldía Cuauhtémoc. Pocas veces una candidata derrotada ha resumido tan bien la lógica que sostiene a una democracia.
Esa lógica descansa en dos pilares.
El primero mira al futuro: perder hoy es tolerable si se puede ganar mañana, y quien desconoce las reglas cuando pierde se queda sin ellas cuando gana.
El segundo mira al presente: el perdedor puede verificar el resultado, impugnar lo que considere irregular y recibir una respuesta fundada en la ley y en los precedentes.
El primero es un cálculo; el segundo, un derecho.
Cuando la competencia es pareja, el cálculo hace casi todo el trabajo. Pero cuando un partido domina el mapa, el perdedor deja de confiar en el mañana y toda la carga recae en el presente. Entonces solo importa una pregunta: ¿el árbitro está en la cancha o en una de las porterías?
Esa pregunta no se contesta con discursos. Se contesta con sentencias, en particular con las que contrarían al más fuerte.
La Sala Superior las ha dictado una y otra vez. En Zacatecas capital, una Sala Regional anuló en 2024 el triunfo del PAN por un puñado de entrevistas de radio; la Sala Superior revocó la nulidad por unanimidad, porque eran ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
En la Cuauhtémoc, el tribunal local anuló en 2024 la elección que había ganado la oposición; el Tribunal Electoral la restituyó y la Sala Superior la dejó firme.
En la elección para la gubernatura de Jalisco de 2024, la candidata de Morena pidió anular la elección y la Sala Superior confirmó por unanimidad su validez: las irregularidades alegadas no se probaron. La resolución fue tan nítida que incluso figuras del PAN reconocieron públicamente la independencia del tribunal.
No son anécdotas. El partido con mayor índice de triunfo ante la Sala Superior es el PAN, con alrededor de 44 %. Morena, el partido en el poder, aparece en cuarto lugar, con cerca de 34 %.
Un índice de éxito no demuestra por sí solo que un tribunal sea independiente, pero el dato difícilmente encaja con la idea de un tribunal que resuelve sistemáticamente en favor del oficialismo.
Aquí está la paradoja a la que el sistema democrático sano se encuentra sometido: cada vez que un tribunal falla en contra del partido dominante, legitima las victorias de ese mismo partido. Un árbitro que solo falla a favor del poderoso no le sirve ni al poderoso, porque todos sus triunfos quedarían bajo sospecha.
La independencia judicial no es una concesión a la oposición; es la garantía de que los ganadores, todos, lo sean de verdad.
Por eso he sostenido que la ciudadanía tiene derecho a que los contendientes reconozcan su derrota. Y eso debe realizarse en dos vertientes: el deber moral y político de aceptar los resultados, y el derecho de todos a un desenlace cierto y definitivo que dé estabilidad al sistema.
Pero también impone una obligación a quienes juzgamos: una sentencia electoral no se escribe para el ganador, que no necesita ser convencido, sino para el perdedor. Si nuestras razones solo convencen a quien ya estaba conforme, no cumplieron su función.
La derrota provoca resquemor, decepción y frustración, y es natural que así sea. Pero una democracia madura no puede descansar en la resignación del derrotado; tiene que ganarse su aceptación con razones. La prueba más difícil de una elección no es producir un ganador, sino producir una derrota legítima.
Que ni las derrotas ni las victorias sean para siempre es la promesa de la democracia. Que las derrotas se decidan con las mismas reglas para todos es su condición.
