Un profundo temor
Percibo entre la ciudadanía -pobre de aquel periodista que se encierre en sus hipótesis y no dialogue-, un profundo temor. Miedo al entorno y, sobre todo, a la incertidumbre del futuro. En voz baja se expanden las ideas acerca de arrancarle la piel a la cuatrotera administración pero, al mismo tiempo, se repliegan quienes están abocados a ello bajo mil argumentos falaces: desde el desprecio -razonable- a un golpe de estado militar hasta la desazón de enfrentarse al sistema con el valor de la resistencia civil que ha dado frutos -no sin dolor-, en varias naciones que han logrado sacudirse de las dictaduras.
En América Latina, además, se ha vivido el fenómeno más doloroso: que los tiranos accedan al poder mediando las representaciones de una democracia inoculada por el virus de la manipulación y luego permanecer más allá de su mandato reformando la Constitución y pisoteando el espíritu de sus pueblos. Sucedió, por ejemplo, en Perú en donde Alberto Fujimori, de origen y doble nacionalidad compartida con Japón, se trepó a la presidencia dejando atrás a una figura universal, Mario Vargas Llosa, y aferrándose a la presidencia que conquistó en 2000 y la conservó hasta el 2000 para después huir a la nación del sol naciente en donde se mantuvo huyendo hasta 2005, cuando se atrevió a viajar a Chile en donde le capturaron.
Otro caso, mucho más cercano, es el de Nayib Bukele Ortez, presidente de El Salvador desde junio de 2019, quien reformó la norma suprema y dio paso a la reelección con el propósito de quedarse indefinidamente a cargo del Ejecutivo de su país contraviniendo todo propósito democrático y amenazando al parlamento, incluso con la presencia de un pelotón de fusilería, perdiéndose en la soberbia de una nueva tiranía.
En Brasil, las urnas han auxiliado a pretensos dictadores. Luis Inázio Lula da Silva ejerció su primer mandato desde enero de 2003 hasta diciembre de 2010 -ocho años-, para luego ser acusado por corrupción y encarcelado en marzo de 2016, condenado a nueve años de prisión pero solo estuvo preso a lo largo de 580 días tras las rejas. Y volvió al poder, tras ganar en una segunda vuelta electoral, en 2023 y allí permanece en momentos cruciales para su nación cuando esta ya se convierte en la principal potencia militar de Latinoamérica como una suerte de contrapeso a las políticas intervencionistas de Donald Trump.
Estos casos plantean, ahora mismo, cuanto podría suceder en México en los próximos meses cuando una comisión, integrada por morenistas de cepa y encabezada por el recalcitrante comunista Pablo Gómez Álvarez -para lo cual dejó la Unidad de Inteligencia Financiera en manos de Óscar Reyes Colmenares-, dispuesta para seguir los pasos de las dictaduras que convirtieron a la democracia en un rehén de las ambiciones de un grupo afín al titular del Ejecutivo o de quien nada detrás del trono.
Esta circunstancia es especialmente grave porque supone el aniquilamiento de la democracia lo que hace imposible, por esta vía, una alternancia política; no cabe ya la fundación de nuevos partidos -bajo el supuesto de la depreciación de una oposición caduca bajo las siglas del PRI y el PAN-, porque tal pulverizaría más a una oposición acorralada y desmembrada. Tampoco es viable una alianza interpartidista considerando que el INE ha dejado de ser imparcial y se conduce con criterios facciosos que ya permitieron la absurda e ilegal sobrerrepresentación legislativa a favor de los adherentes a Morena, el PT y el Verde abriendo cauce a la burda, enfermiza, “reforma” judicial próxima a consumarse.
Lo anterior es demostración fehaciente de que, en México, ha muerto la democracia a manos de los esquiroles de un sistema estructurado ya para la prolongación del partido en el poder como ya cantaron algunos de sus representantes -digamos el narco Mario Delgado-, como fundamento para actuar más allá de todo derecho hasta cobijar a algunos de los peores criminales políticos: Adán Augusto López Hernández, el socio de Hernán Bermúdez, líder del cártel de La Barredora que inició en Tabasco y se extendió por todo el país; el ya mencionado Mario Delgado, los López Beltrán -desde Andy, pasando por sus hermanos, tíos y primos-; los gobernadores claramente dominados por el narcoterrorismo, Rubén Rocha Moya, de Sinaloa; Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas; Alfonso Durazo Montaño, de Sonora; Rocío Nahle García, de Veracruz; Layda Sansores Sanromán, de Campeche y no pocos exmandatarios que buscan refugio en embajadas y senadurías.
Y faltan muchos por mencionar, desde el impresentable pandillero Gerardo Fernández Noroña -quien ya está por dejar la mesa directiva del Senado en donde dejó sobradas muestras de su impertinencia partidista-, hasta el mayor de los dinosaurios del viejo priismo, Manuel Bartlett Díaz, a punto de cumplir, en febrero de 2026, noventa años bajo el cobijo de la impunidad. Malandros todos, asesinos algunos, millonarios de clóset y fanfarrones. Todas estas cualidades atesoradas en cada individuo bajo el estandarte guinda repulsivo.
Y de allí que el primer informe de la “patrona” -quien fue primero porra, luego corcholata y finalmente marioneta- el primero de septiembre, se rinda en Palacio Nacional y no, como ordena la Constitución, en el Legislativo. De ser demócrata, la señora Sheinbaum hubiese reformado las leyes respectivas, para hacer posible que el aburrido monólogo se convirtiera en un debate democrático, con la expresión de todos los partidos representados y no solo los de su tramposa mayoría, para siquiera obligarla a dar respuesta a los hechos más controvertidos sin necesidad de esconderse detrás de las cortinas de la sede del Ejecutivo.
Pero, como no lo es, seguimos todos montados en lo que otrora fue presidencialismo autoritario y ahora es fascismo declarado y abierto.
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