¿Otro penal para Chiapas?
La construcción de seis nuevos centros penitenciarios en el país fue anunciado por el gobierno federal, uno de ellos en territorio chiapaneco, y aunque todavía no se tiene información de la zona en donde se ubicará, por lo menos en la Costa, Soconusco y Frontera Sur ya surgen voces que se oponen a ese tipo de infraestructura, cuando existen otras necesidades que atender.
Hace algunos años, al anunciarse la instalación del Centro Federal de Reinserción Social número 15 en Villa Comaltitlán, los sectores productivos de estas regiones se opusieron, realizaron protestas, manifestaciones y pese a ello, finalmente, se hizo la obra y actualmente cientos de reos de alta peligrosidad se encuentran ahí; los últimos 49 incluso llegaron apenas el jueves pasado, sumando poco más de 300 en lo que va de este año, lo cual genera preocupación.
Los movimientos de este tipo de personajes relacionados con delitos de alto impacto alimentan las inquietudes de habitantes y sectores productivos de la región, que demandan información y garantías sobre las condiciones de seguridad que rodean este tipo de instalaciones y ahora, se anuncia otro penal.
Por ello, ya surgen voces como la del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Tapachula, Abel Ruiz Méndez, que rechazan ese proyecto, no solamente para la región Costa y Soconusco, sino para cualquier parte del estado, ya que un penal no genera un impacto positivo ni contribuye a la reactivación económica, como tampoco impacta en la salud o en la educación.
Por ello, plantean que en lugar de ello se concreten los Polos de Desarrollo para el Bienestar, más escuelas, clínicas, infraestructura productiva, caminos rurales, servicios básicos, estímulos fiscales y generación de empleos, además de la seguridad, pero no limitada a la presencia de las fuerzas de seguridad, sino que incluyan la recuperación de la tranquilidad, reactivar la economía y crear condiciones para que las familias puedan vivir sin miedo y con oportunidades.
El Estado tiene la obligación de perseguir a quienes cometen delitos, impedir que las organizaciones criminales operen desde las cárceles y garantizar el control de los centros penitenciarios, aunque una estrategia de seguridad no puede medirse solamente por el número de detenidos o por la capacidad de reclusión que se construya, sino también por la prevención de los delitos, la protección a las comunidades, la recuperación de espacios públicos y el ofrecimiento de alternativas a quienes viven en condiciones de marginación.
Por eso, el solamente anuncio de un nuevo penal en Chiapas causa inquietud, porque la entidad necesita inversiones productivas, sobre todo en un estado con tantas necesidades pendientes de atender y que se han ido dejando de lado por parte del gobierno federal.
Posdata
El proceso electoral del 2027 está más que en marcha y varios funcionarios del gobierno estatal han decidido participar, por lo que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ya nombró a los sucesores; en la Secretaría del Humanismo, Leonardo León Alcázar sustituye a Francisco Chacón Sánchez, que quiere ser alcalde de Tuxtla Gutiérrez; Indira Toledo Coutiño llega al Cobach en lugar de Viridiana Figueroa García, quien va por la presidencia municipal de Tapachula; Anjuli Acosta Guillén fue nombrada en el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado en lugar de Carlos Jiménez Trujillo, que busca la alcaldía de Chilón, y de ahí vienen otros reacomodos, porque Isolina Suárez Lacroix va al Conalep; Sergio Saldaña Trinidad, a la Universidad Politécnica de Chiapas y Josselin López García a la Coordinación de Atención Ciudadana del Estado. Con anterioridad ya habían renunciado Dulce María Rodríguez Ovando a la Secretaría General de Gobierno y Mediación, en donde fue designado Jorge Enrique Hernández Bielma y Jovani Salazar Ruiz, de la Agencia Digital Tecnológica, sustituido por Hugo Armando Aguilar Aguilar. Lo que llama la atención es que no aparecen los costeños en el gabinete y la única que está en la Secretaría de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza, su sede es Tapachula… Por cierto, el alcalde tapachulteco, Yamil Melgar Bravo, acompañado de funcionarios estatales, educativos y representantes de las fuerzas armadas, encabezó ayer la ceremonia conmemorativa al 198 aniversario luctuoso de Fray Matías de Córdova y Ordóñez, en el que recordó su legado que hoy sigue vigente con las libertades y con el programa de alfabetización “Chiapas Puede” que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.
