El sistema electoral mexicano se ha construido poco a poco, pero con una visión permanente de institucionalizar el espíritu del sistema político democrático en el que, como país, hemos decidido vivir desde hace algunas décadas.
Es así como, por ejemplo, tenemos un sistema electoral mixto, con elecciones por mayoría y representación proporcional, con la finalidad de que, en los espacios de toma de decisiones, se represente nuestra diversidad como nación y un solo grupo político no concentre el poder.
Así también fue como, en 1996, se logró la autonomía del INE para contar con un Consejo profesional e independiente que estableciera las reglas de los procesos electorales y organizara elecciones legítimas y confiables.
Con los años, este organismo fue desarrollando un Servicio Profesional de Carrera que ha permitido que perfiles, tanto en el INE como en los institutos electorales locales, escalen puestos con base en mérito y equidad de oportunidades en el servicio público.
En este camino se han aprobado diversas reformas, algunas muy positivas y otras que no han dado los resultados esperados. Sin embargo, la clave de cada una de estas decisiones ha sido el diálogo: revisar la evidencia antes de tomar cada determinación y considerar propuestas de todos los sectores y representaciones legislativas.
Ahora que la presidenta de la República anunció la creación de una Comisión Presidencial para elaborar la iniciativa de reforma electoral que presentaría el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión, es indispensable recordar la importancia de realizar un diagnóstico puntual sobre cómo están las instituciones, reglas, costos y resultados electorales en México, e incentivar suficientes espacios de diálogo para valorar cada decisión y sus implicaciones para la democracia electoral mexicana.
Entre las propuestas referidas por la presidenta están la posibilidad de disminuir los legisladores plurinominales, reducir costos de las elecciones y el financiamiento a partidos, así como eliminar organismos electorales locales para centralizar la organización electoral en el INE.
Cada una de estas propuestas requiere análisis, diálogo y debate respetuoso. Para el caso de la disminución de plurinominales, hay que valorar el sentido que tienen en nuestra democracia y las alternativas existentes para garantizar pluralidad y distribución del poder.
Asimismo, los organismos electorales locales, además de tener una función clave en el tema electoral local atendiendo los contextos y particularidades de cada estado, también desempeñan una importante labor en la promoción de la educación cívica, los valores democráticos y los mecanismos de participación ciudadana.
En el desafiante contexto que atravesamos como nación, y dada nuestra relación con otros países, es indispensable evitar la incertidumbre que ya han generado al país decisiones como la reforma judicial y la eliminación de organismos autónomos.
En materia electoral, esta incertidumbre también estuvo presente cuando se aprobaron previamente los llamados Plan A y Plan B en el gobierno anterior, los cuales implicaban serios riesgos para la democracia y presentaban violaciones al proceso legislativo, por lo que fueron rechazados por la Suprema Corte.
A nivel internacional, fuentes como The Economist ya ubican a México como un “régimen híbrido”, con elementos democráticos, pero también autoritarios, lo cual genera alertas sobre el futuro de la democracia en el país.
Hoy es momento de seguir construyendo juntos una democracia más sólida, con instituciones confiables y fuertes, con leyes y reglas claras, derechos y libertades, y un equilibrio y distribución del poder.
Esto solo será posible si ponemos al centro el diálogo y la discusión plural basada en evidencia, y si desde el poder se escucha a todas las voces para construir una iniciativa de reforma que atienda las áreas de oportunidad del sistema electoral, sin concentrar el poder y fortaleciendo a las instituciones que hemos construido. Sigamos defendiendo nuestra querida democracia.
