El derecho a la revocación de mandato nació condenado a muerte. Desde la institución más autoritaria que ha padecido México, la presidencia de la República, se impone la peregrina idea de que ella es la mismísima escuela en la que habremos de aprender a practicar la democracia directa. Una paradoja digna del realismo fantástico que algún día será novelada. Desde una paleopresidencia se encumbraron Iturbide y Santa Anna, desde ella se encaramó el usurpador Maximiliano. Cuando ya era propiamente “presidencia”, Porfirio Díaz construyó sobre ella su imperio autoritario. La presidencia fue también la institución desde la cual el bloque autoritario que se impuso después de la Revolución Mexicana armó el Maximato y edificó el partido de Estado que nos gobernó durante más de 70 años. La presidencia ha sido, igualmente, la institución que durante la transición a la democracia ha cobijado poderes de hecho y enclaves autoritarios de toda calaña: económicos, políticos, sindicales, caciquiles, agrarios, urbanos y hasta marítimos. Así ha ocurrido por decisión o por omisión presidencial, como es el patente y patético caso de las procuradurías. La presidencia es la institución desde la que se minan las bases de las instituciones democráticas paridas con sangre, sudor y lágrimas por las generaciones que no aceptaron traicionar su primogenitura ciudadana a cambio de los platos de lentejas del antiguo priísmo y del populismo en que ha venido a degenerar el “sistema mexicano”.

Esa misma presidencia es hoy encabezada por el carisma con que AMLO ha revestido las viejas nostalgias y amarguras de la historia nacional. Esa presidencia trata de convencernos de que acudir a las urnas de una revocación de mandato —que no es más que confirmación de su serenísima persona— es en verdad el camino por el que el país aprenderá la verdadera democracia: la que es directa, la que plebiscito tras plebiscito confirme la voluntad más absoluta que hemos conocido en lo que va del siglo XXI.

Confirmar la voluntad del líder carismático para permanecer en el poder ha sido una operación de ingeniería política burda y palurda pero nada despreciable. Primero se reformó la Constitución para introducir la figura de la revocación, después se legisló (al vapor) la norma reglamentaria para realizarlo y en ella se introdujo desvergonzadamente una tergiversación de la Constitución para preguntar a los electores no solamente si quieren que “se le revoque el mandato”, sino si prefieren que “siga…hasta que termine su periodo”. En vez de un sí o un no a la revocación se abrió la puerta a la confirmación del mandato, figura constitucionalmente inexistente. A continuación se desfondó al INE en el PEF 2022 dejándolo sin recursos para cumplir sus obligaciones y se reactivó la campaña en su contra desde el púlpito presidencial. Enseguida, su lacayo que preside el Congreso inició la acusación penal contra consejeros del Instituto, mismo que presenta recurso a la Suprema Corte, cuya “comisión de receso” desestima con indigna frivolidad. Mientras tanto el partido en el gobierno activa asociaciones “civiles” para conseguir las firmas para el ya a estas alturas flagrante confirmatorio. Todo desde arriba, nada desde abajo. Ni un dedo movió la sociedad mexicana, supuesto origen de la desconfianza requerida para iniciar la revocación. Pero eso sí, el ocupante de la “silla embrujada” no cesa de instruir que con este “ejercicio” el pueblo aprenderá a practicar la democracia directa.

La confirmación de mandato no es un acto democrático surgido de la ciudadanía para ejercer su derecho a remover al poderoso indeseado, sino el uso degradante de los ciudadanos para restaurar la inveterada capacidad despótica de la presidencia.