Esta semana, en cumplimiento a lo dispuesto en el texto constitucional, el secretario de Hacienda y Crédito Público acudió a la Cámara de Diputados a presentar el paquete económico que contiene los Criterios Generales de Política Económica, así como los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y de Ley de Ingresos de la Federación y la miscelánea fiscal. La aprobación de este paquete, en los términos propuestos por el Ejecutivo, es indudable y los cambios serán marginales.
¿Cuál es la principal característica de este paquete? La inercia. Hay una evidente resistencia del gobierno actual a cambiar las rutas trazadas por el anterior.
Esto no se explica por una sumisión de uno a otro o que la línea política se dicte en Palenque y no en el Palacio Nacional. Ni se justifica culpando al pasado neoliberal o a la desviación de los recursos.
La explicación es mucho más compleja y está relacionada con cuestiones estructurales, cuyo cambio requiere de un esfuerzo político suficiente para romper las redes de intereses y el entramado de derechos adquiridos, especialmente, los pensionarios.
El debate sobre el paquete se centró en las líneas marcadas desde la mañanera del pueblo por la presidenta Sheinbaum, que destacó el aumento en el gasto de los programas sociales, en las transferencias a las empresas energéticas y el aumento en el gasto en Salud, Educación, Vivienda, Seguridad e Inversión Pública, así como en la persecución de la evasión fiscal, la imposición de aranceles y el incremento en los impuestos a los refrescos y cigarrillos.
El secretario de Hacienda destacó los incrementos en el gasto en Salud de 9.6 %, en Vivienda de 7 % y la inversión pública concentrada en la expansión ferroviaria y los apoyos financieros a Pemex y CFE, que representan el 2.5 % del PIB.
Además, resaltó lo “histórico” del incremento de la recaudación fiscal y no tributaria del 6.3 %, basado, primordialmente, en los impuestos aduaneros.
La primera reacción política de la oposición y los opinadores especializados fue negar los incrementos en términos reales en Salud y Educación; el aumento del déficit presupuestario, que implica el crecimiento de la deuda pública; la baja rentabilidad de la inversión pública; la desviación de recursos por la corrupción; el bajo presupuesto proyectado para los ramos administrativos de Medio Ambiente, Agua y Mujeres, y el abandono de las carreteras, la infraestructura pública no prioritaria para el gobierno y el campo.
Los observatorios del comportamiento de las finanzas públicas, como el Centro de Investigaciones y Estudios Presupuestales o Como Vamos México, llaman la atención sobre la continuación de las tendencias del ingreso y del gasto público de los últimos veinte años.
Esta inercia proviene del “miedo” a efectuar una reforma fiscal profunda bajo el pobre argumento de que el aumento de impuestos no es popular y es castigado en las urnas y un presupuesto electorero que privilegia las transferencias a grupos poblacionales, que premian a los promotores de este tipo de gasto en los comicios.
El paquete económico de 2026, como muchos presentados en las últimas dos décadas, se caracteriza por no incluir un enfoque intergeneracional; no ser sustentable financieramente; no destinar recursos significativos a la inversión pública; la Salud, la Educación, la Vivienda, la protección del medio ambiente, el impulso al campo y las políticas de género e inclusión de grupos marginados, y la reducción sistemática del espacio fiscal, que es la diferencia entre el gasto comprometido y el disponible que los gobiernos utilizan para impulsar políticas públicas.
El debate público sobre si el aumento en el gasto en Salud o en Educación es más o menos el dos o tres por ciento real o nominal es intrascendente si se considera que para alcanzar los estándares internacionales se requiere duplicarlos.
El logro de aumentar la recaudación es poco significativo si se toma en cuenta que el esfuerzo fiscal debe aumentar por lo menos en 10 puntos del PIB para que el gasto público sea una herramienta efectiva para la promoción de la igualdad económica y la superación de los rezagos sociales y la marginación.
No habrá acceso efectivo a la Salud o la Educación sin un gasto equivalente al 6 % del PIB en cada sector, no existirá infraestructura suficiente sin una inversión pública cercana al 5 % y no habrá sustentabilidad financiera de este gasto sin una participación fiscal del más del 35 %.
La inercia presupuestal continuará mientras el gobierno y los partidos políticos no pacten una reforma fiscal, pero en un ambiente de polarización y exclusión esto no es posible; mientras no se resuelva la injusticia del sistema pensionario, que favorece a los trabajadores de las entidades públicas; mientras más del 60 % de la economía sea informal y mientras los jóvenes, las mujeres y los grupos marginados permanezcan en el segundo plano de las prioridades presupuestales.
