Organizaciones ambientalistas y de defensa de los consumidores vemos con gran preocupación la presentación de una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley General de Economía Circular y Gestión Integral de Residuos, la cual derogaría la actual Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Esta iniciativa fue presentada el 11 de junio de 2025 durante el segundo periodo de receso del Primer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, por la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, junto con legisladoras y legisladores de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y Morena.
Esta propuesta, en lugar de poner el foco en la protección ambiental y en las personas, se convierte en un marco jurídico más para la evasión por parte del Poder Legislativo de generar una solución real ante la problemática ambiental que presenta el país relacionada con la excesiva generación de residuos, especialmente plásticos, lo que ha llevado a una crisis de contaminación plástica sin precedentes que inunda prácticamente todos los ecosistemas del país, nuestras ciudades e incluso el cuerpo humano, representando graves amenazas a la salud pública.
Además, esta iniciativa no solo no soluciona esta problemática, sino que también identificamos diversos riesgos para su implementación, donde las ambigüedades en aspectos como las tecnologías “valorizadoras”, las responsabilidades de las empresas y la ausencia de mecanismos claros de participación desde la sociedad civil, podría perpetuar las inequidades ambientales.
Asimismo la propuesta, aunque supuestamente busca sentar las bases para la economía circular en el país, lo hace a través de una visión sesgada sobre sus implicaciones.
Por ejemplo, no respeta la jerarquía de gestión de los residuos, clave en la economía circular, la cual parte de la priorización que debe darse a la prevención y la reducción de la generación de los residuos, porque el mejor residuo es el que no se genera.
En cambio, la propuesta del “Verde” se basa en la valorización de residuos ya generados, lo cual incentiva su generación como forma de generar ganancias para las empresas en detrimento de políticas de basura cero que beneficien a las personas y protejan el medio ambiente.
Dentro de las propuestas que este proyecto de ley prioriza para valorizar los residuos se encuentran en su mayoría falsas soluciones, como el reciclaje, y peor aún, incentiva el reciclaje químico y la valorización energética, lo cual no es economía circular porque incinera los residuos en lugar de mantener los recursos dentro de los ciclos productivos, lo que lleva a la pérdida de su valor y nos mantiene anclados en la economía lineal.
Además de que los procesos de valorización energética producen por ejemplo emisiones de gases de efecto invernadero, pueden generar cenizas tóxicas, y emisiones al aire, agua y suelo que son dañinas para la salud.
Comunidades afectadas por la incineración de residuos, como aquellas del Valle del Mezquital (Estado de México e Hidalgo), tienen años denunciando las graves afectaciones para el medio ambiente y la salud humana de esto, por lo que no se trata de una “solución” ecológica, sino de un lavado verde que permite a las empresas, apoyadas por legisladores como los del Partido Verde, seguir sus malas prácticas en detrimento del planeta y la salud de la gente.
Otro de los puntos críticos identificados es la debilidad de la iniciativa frente a los residuos más problemáticos, como lo son los plásticos de un solo uso.
Si bien el texto menciona la necesidad de rediseñar productos, propone de nuevo falsas alternativas como plásticos compostables, biodegradables, reciclables o con contenido de material reciclado, lo que nos mantiene en la cultura del usar y desechar en lugar de proponer alternativas basadas en productos o envases y empaques que puedan reutilizarse, y de imponer prohibiciones claras, metas específicas y responsabilidades diferenciadas para los grandes generadores, como The Coca-Cola Company, Nestlé, Unilever, PepsiCo, Mondelez International, Mars, Inc., Procter & Gamble, Danone, Altria y British American Tobacco, catalogadas en reiteradas ocasiones por Break Free From Plastic Movement como los principales contaminadores plásticos a nivel mundial.
Para poder avanzar hacia una solución que atienda el origen del problema de la contaminación por plásticos, es esencial tener una prohibición nacional de los plásticos de un solo uso que están generando esta contaminación, no colocarlos como residuos estratégicos para la economía circular, como ocurre con esta propuesta de ley.
Por estas razones llamamos a las y los legisladores a frenar la iniciativa que no plantea las soluciones que se requieren para atender la contaminación por plásticos ni las deficiencias en la gestión de residuos en el país desde una perspectiva no solo económica, sino también con un enfoque de salud, social y ambiental.
