¿Qué puede ser más absurdo que una democracia que teme a sus propios ciudadanos?
Durante décadas, México negó a las mujeres el derecho a votar. No porque fueran incapaces de decidir, sino porque los hombres que gobernaban temían que decidieran de manera distinta a ellos.
La historia del sufragio femenino en nuestro país no es solamente la historia de una conquista democrática. También es la historia del miedo al poder político de las mujeres.
Este 17 de octubre conmemoramos el 73 aniversario del reconocimiento constitucional del derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Vale la pena recordar los azarosos episodios que precedieron a esta conquista.
Hacia finales del siglo XIX, el sufragio femenino había avanzado en varios países del mundo. Nueva Zelanda lo reconoció en 1893, convirtiéndose en el primer país en otorgarlo. Le siguieron Australia (1902), Finlandia (1906) y Noruega (1913).
El Reino Unido lo reconoció en 1918, inicialmente de manera restringida, y lo amplió en 1928. Estados Unidos lo hizo en 1920. En España, durante la Segunda República, las cortes aprobaron el voto femenino el 1 de octubre de 1931, impulsado por la diputada Clara Campoamor, aunque las mujeres no pudieron ejercerlo hasta las elecciones de 1933.
En México, la lucha comenzó en los estados.
Durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto (1922-1924), Yucatán reconoció de facto el derecho de las mujeres a votar y ser elegidas para desempeñar cargos públicos, tanto municipales como estatales.
Rosa Torre González fue electa regidora del Ayuntamiento de Mérida en 1922, convirtiéndose en la primera mujer mexicana en ocupar un cargo de elección popular.
En 1923, también en Yucatán, fueron electas tres diputadas locales: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche.
Sin embargo, tras la muerte del gobernador, todas tuvieron que abandonar sus cargos debido al hostigamiento, las amenazas, las presiones y la violencia política ejercida en su contra.
En San Luis Potosí, durante el gobierno de Rafael Nieto, el Decreto 103 de 1923 reconoció a las mujeres el derecho a participar en elecciones municipales y estatales, aunque con restricciones. La disposición fue derogada en 1926.
En 1925, el Congreso de Chiapas también reconoció los derechos políticos de las mujeres. En ese proceso destacaron Florinda Lazos León y Fidelia Brindis Camacho.
Durante el cardenismo surgió el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, integrado por intelectuales, profesionistas, obreras y sindicalistas, entre otras mujeres que compartían una misma exigencia: el derecho al voto.
En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas impulsó una reforma constitucional para reconocer el sufragio femenino. La iniciativa fue aprobada por el Senado, por la Cámara de Diputados en 1938 y obtuvo el respaldo de la mayoría de las legislaturas estatales.
Parecía que la conquista estaba consumada.
Pero ocurrió algo extraordinario: nunca se emitió la declaratoria formal de reforma constitucional ni se publicó en el Diario Oficial de la Federación, como exige el artículo 135 constitucional.
¿Por qué?
Porque existía el temor de que las mujeres votaran por candidatos conservadores o de oposición, debido a la influencia que la Iglesia católica ejercía sobre una parte importante de la población femenina.
En otras palabras, el problema no era que las mujeres votaran. El problema era que podían votar por quienes el gobierno no quería.
Así, por cálculos políticos y prejuicios religiosos, México dejó escapar una oportunidad histórica.
Mientras tanto, otros países latinoamericanos avanzaban. Ecuador reconoció el sufragio femenino en 1929; Uruguay y Brasil, en 1932; Argentina, en 1947, y Chile, en 1949.
En México hubo que esperar.
Durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés se reformó el artículo 115 constitucional para reconocer la participación política de las mujeres en el ámbito municipal. La reforma fue publicada el 17 de febrero de 1947.
Finalmente, el 17 de octubre de 1953, bajo la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, se promulgó la reforma constitucional que reconoció plenamente el derecho de las mujeres a votar y ser votadas para cargos de elección popular.
La reforma llegó tarde.
Las mujeres mexicanas pudieron acudir por primera vez a las urnas en una elección federal el 3 de julio de 1955, cuando se renovó la Cámara de Diputados.
En aquella jornada fueron electas las primeras cuatro diputadas federales: Remedios Albertina Ezeta Uribe, por el Estado de México; Margarita García Flores, por Nuevo León; Guadalupe Urzúa Flores, por Jalisco, y Marcelina Galindo Arce, por Chiapas.
Habían transcurrido décadas de lucha, resistencias y oportunidades perdidas.
Hoy, aunque el camino hacia la igualdad sustantiva todavía no concluye, la participación política de las mujeres es uno de los rostros más importantes de nuestra democracia.
Pero conviene recordar algo: las mujeres no recibieron la democracia como una concesión generosa del poder. Tuvieron que conquistar su lugar en ella.
Y quizá esa sea la mayor lección de esta historia: una democracia que teme al voto de sus ciudadanos todavía no ha aprendido a ser democracia.
