Rebelión chamula: ¿Lo que digan sus deditos?
Cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió dar marcha atrás a la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, programado desde tiempos de Vicente Fox Quesada e iniciado por Enrique Peña Nieto, con todos los “candados” legales que implicaban sanciones de miles de millones de pesos en caso de suspensión, se apoyó en una asamblea de habitantes correligionarios de Santiago Atenco, quienes a mano levantada “ordenaron por mayoría” al Primer Mandatario, suspender las obras.
Vendría la justificación, mediante la frase aquella de que el pueblo manda y yo obedezco, a pesar de que no hubo de por medio los suficientes argumentos técnicos y financieros suficientemente bien sustentados, sino simplemente “el acatamiento” de la voz de personas demasiado molestas porque en los tiempos del panismo en Los Pinos, fueron objeto de represión, al oponerse a la expropiación de los terrenos donde se construiría la moderna terminal aérea.
La referencia, va en función de los acontecimientos recientes en diferentes municipios indígenas, donde la mayoría de sus habitantes se mantienen en rebelión, molestos por la incapacidad de sus alcaldes impuestos por partidos políticos ajenos a su simpatía, que les ha llevado a incumplir promesas de campaña y a la no aplicación de recursos para las obras de infraestructura básica, como el agua potable, drenaje, alumbrado, servicios de salud y mejoría de caminos vecinales.
Cansados de la indiferencia y negativa oficial mostrada hasta ahora para la creación de Concejos Municipales, en base al mandato de los pueblos originales y no de las autoridades ajenas.
San Juan Chamula, municipio colindante con San Cristóbal de las Casas, es punta de lanza de esta insurrección que se replica en otras jurisdicciones, divulgadas por CUARTO PODER, que este lunes difundiría en su portada, la declaración de Gilberto Bátiz García, consejero del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de la entidad, que rechaza la propuesta de la población indígena de crear Concejos Municipales que sustituyan a los ediles.
Los habitantes de San Juan Chamula, bastión principal de los grupos étnicos en el altiplano chiapaneco, están muy molestos por la imposición de candidatos a la Alcaldía, a partir de 2015, cuando después de 86 años de un predominio del mando priísta, el Partido Verde Ecologista de México, del gobernador Manuel Velasco Coello, “ganaría” la elección municipal, duplicando el número de votos a favor de su ungido, para que no hubiera duda del “triunfo”.
Tan importante sería el Partido Revolucionario Institucional, en la vida de los indígenas chamulas, que sería la única institución política en el estado que tenía su sede de dos pisos, en la plaza de la cabecera principal, compartiendo espacios de poder con las instalaciones de la presidencia municipal y el templo católico.
Una historia totalmente fuera de lugar, resultado de la consigna dictada por el omnímodo del palacio estatal, de “pintar de verde Chiapas”, logrando con un elevadísimo costo económico, apenas ganar la mitad de las presidencias, bajo la batuta de su “operador político” el ex fiscal General estatal, Amador Rodríguez Lozano, famoso por el aseguramiento de dos toneladas de cocaína, que en cuestión de horas se transformaron en “leche en polvo”, al “haberse equivocado en su apreciación”.
Sí, es el mismo “cachanilla” que en 2018 estuvo tras bambalinas con presupuestos públicos ilimitados, para, según la versión popular, comprar votos y rellenar urnas a favor del aspirante a gobernador, el ex edil tuxtleco Fernando Castellanos Cal y Mayor, que increíblemente, sin conocer la entidad y que tampoco lo identificara la ciudadanía, haciendo “campaña” de tres semanas, obtendría sufragios cercanos a los obtenidos por el actual mandatario Rutilio Escandón Cadenas, quien estaría respaldado por su trayectoria como diputado federal, senador y presidente del Poder Judicial estatal.
Amador Rodríguez Lozano, conocido como “el señor de los caballos”, por su debilidad por contar entre sus propiedades este tipo de animales de razas finas, tendría la misión encomendada por Manuel Velasco Coello, de evitar el retorno del PRI a territorio chamula, logrando el triunfo de Ponciano Gómez Gómez, el abanderado del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).
Su experiencia como alquimista electoral en Chiapas, atraería el interés de la dirigencia de los morenistas, y recomendado por su jefe el ahora ex gobernador, se lo llevaron a Baja California para coordinar la campaña del aspirante a la gubernatura, el estadounidense-mexicano, Jaime Bonilla Valdez, que finalmente resultaría triunfador en un proceso lleno de irregularidades.
Amador Rodríguez Lozano sería pieza clave nuevamente en una elección bajo su control, que le sería recompensada con su nombramiento como secretario general de Gobierno, no sin antes manipular la ampliación de dos a cinco años el mandato estatal, que finalmente fue cancelada por inconstitucional.
Los actuales asesores políticos de la Administración estatal, pasan por alto, que en la Región de Los Altos de Chiapas, se repite la historia con la misma sintomatología del enojo de los grupos étnicos por el desacato de sus gobernantes, se cumplir los objetivos trazados durante su fase proselitista, así como transparentar y entregar los recursos destinados a las comunidades, para la realización de obras.
Habrá que recordar que en 2016, un año después de que el PRI “perdiera” el control de San Juan Chamula, se suscitaría un enfrentamiento a balazos entre la población y las autoridades, con saldo inicial de dos muerto y decenas de heridos, cuando varios miles de habitantes de los distintos parajes se concentraron en la plaza en demanda de la entrega de los dineros oficiales, además de exigir su renuncia por no trabajar a favor de los intereses de la población.
La historia se repite a casi un año de la toma de posesión del edil de MORENA, que ha sido emplazado a retirarse del cargo, para que el pueblo, mediante asamblea decida un gobierno sustituto en forma de Consejo Municipal.
Grupo étnico orgulloso de su descendencia maya, el tzotzil de San Juan Chamula, se mantiene firme en su decisión, sin dejar de sorprenderse por la afirmación del representante del IEPC, en el sentido de que “la instalación de un Concejo Municipal no se hace a través de consultas o plebiscitos, ya que debe ser autorizado únicamente por el Congreso del Estado y bajo condiciones específicas, no por cualquier situación o diferencias”.
Un problema que tiende a complicarse en la Zona indígena, que ha empezado a tener los primeros roces entre los grupos en pugna, como ocurriría por la tarde del pasado jueves 15 de agosto, cuando los indígenas tzeltales de Oxchuc, población distante 50 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, tomaron por asalto el edificio del Ayuntamiento, para exigir la desaparición de la “Comisión Permanente para la Paz y la Justicia”.
Demanda de cumplimiento de acuerdos, que implican la revisión de la nómina municipal y que los empleados sean ubicados conforme a los acuerdos pactados en la asamblea del pueblo.
Movimiento con tintes de confrontación con el ex contendiente perdedor Hugo Gómez, ante Alfredo Santíz Gómez, el pasado abril, por el sistema de plebiscito público, sin la participación de partidos políticos, que finalmente sería suspendido al empezar a elevarse los ánimos.
Desde entonces, la beligerancia de Hugo Gómez y sus partidarios se ha mantenido a base de bloqueos carreteros y con cobro de cuotas para el paso de vehículos, lo cual hicieron el jueves 15 de agosto los seguidores de Santíz Gómez, a la altura la comunidad El Muro, a 10 kilómetros de la cabecera de Oxchuc, impidiendo el paso de autotransportes.
Movimiento que exige una nueva relación del Estado con los pueblos indígenas y se respete su derecho de libre determinación y se garantice su representatividad en todos los órdenes de gobierno.
Foros de consulta rumbo a una reforma constitucional, el pasado mes de julio, en San Cristóbal de las Casas, Palenque y Copainalá, con la asistencia de autoridades y delegados de las etnias pueblos tzotzil, tzeltal, ch’ol, zoque, lacandón, chuj, q’eqchi’, y de la población indígena migrante asentada en las regiones de Los Altos, Norte y Selva Lacandona.
Oportunidad para hacer oír su solicitud de fortalecer la gobernanza en los municipios y se promuevan candidaturas de los propios pueblos, para evitar confrontaciones partidarias; en este sentido, dijeron, se debe respetar la elección de autoridades indígenas y reconocer la figura de las asambleas comunitarias para consolidar su derecho de libre determinación.
Ahí, en San Cristóbal de las Casas, se escucharía a Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, quien manifestaría que “no se puede concebir la reconstrucción de la patria, el renacimiento de México, sin la voz y la palabra de los pueblos indígenas, quienes dieron vida y origen a este país”.
El funcionario federal reconocería a Oxchuc, como el primer municipio indígena en elegir autoridades municipales mediante sus sistemas normativos, para demostrar que otra forma de hacer democracia es posible.
Propuesta de los foros indígenas chiapanecos, de plasmar en el artículo 115 de la Constitución del país, el reconocimiento del municipio indígena, para que quienes han decidido regirse a través de sus propios sistemas normativos, no encuentren obstáculos para funcionar conforme a sus principios e instituciones.
Y mientras llega el momento de la posibilidad de una reforma en la Carta Magna, la efervescencia en el mundo de los indígenas chiapanecos se mantendrá y con ella, el riesgo de enfrentamiento con resultados mortales que vendrán a acentuar los odios y la violencia inter étnica, afectando la paz social.
La
consulta popular deberá ser más que obligada, en lo concerniente al tratamiento de los problemas de los grupos originales, que actualmente suman una tercera parte de los cinco millones de habitantes de Chiapas, y que hasta ahora no tienen una participación equitativa en la toma de decisiones en la Administración Pública, lo mismo que en los Poderes Legislativo y Judicial.
Deberán hacerse a un lado los mecanismos de respuesta a la problemática indígena, que han resultado obsoletos y desgastantes al apoyarse en la interposición de recursos y denuncias ante las instancias correspondientes como la Auditoría Superior del Estado.
Tiene pues el Gobierno del Estado, la urgente necesidad de atender y responder con transparencia, las justas demandas de una población ancestralmente marginada y menospreciada por una clase gobernante omnipotente.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.