Militarización oficializada
En el Gobierno de la República pareciera haberse desatado una competencia entre sus funcionarios, para alcanzar el liderato de quién miente más al pueblo de México.
Desde la Frontera Sur, observamos desde hace 10 semanas la intención en la estrella de las conferencias mañaneras de Palacio, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, y ahora en esta semana al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.
El vocero del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el tema de la epidemia-pandemia del “coronavirus”, ha sido el encargado de minimizar las cifras de muertos y contagiados, por este nuevo azote de la humanidad que afecta cada vez más a la población nacional, y se ha enfrentado a la descalificación en los días recientes, por prestigiados hombres de ciencia y los tres últimos titulares de la SSA.
Críticas que le han hecho modificar la estrategia de achicar a modo, la severa problemática de salud que se extiende a lo largo y ancho de la geografía nacional, al grado de observarse en los últimos reportes un incremento importante en los datos oficiales, como lo demuestra el reporte de este jueves 14 de mayo, que refleja un incremento de dos mil 409 nuevos casos de infectados, para acumular 42 mil 595, en tanto los decesos ascienden a cuatro mil 477, en relación con los cuatro mil 220 del día anterior.
Pero ello sigue sin convencer a quienes le cuestionan su falta de ética médica al no apegarse a la verdad, como también le recuerdan una experiencia semejante siendo director general adjunto de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en la administración 2006-2012, durante la pandemia de la gripe AH1N1, al grado de ser considerado por el entonces Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, como incapaz al aferrarse a la idea, al igual que hoy, de no hacer pruebas suficientes a enfermos y considerar innecesario cerrar fuentes de trabajo, por lo que fue marginado y de ahí, que al presentarse ante López Obrador como enemigo del ex mandatario panista, éste lo tenga encumbrado.
Ideas de un López Gatell que se mantienen en cuanto a hacer caso omiso de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de realizar pruebas y más pruebas, para tener una precisión real de la grave problemática de salud internacional, que lo ubican además como un funcionario sumiso, adulador y oportunista, cuando para justificar al Presidente de la República en su actitud de desacato a la OMS, para enfrentar la pandemia, recomendara a la población salir a la calle, mientras en sus giras repartía besos y abrazos, con riesgo de contagio, el funcionario se atrevería a afirmar que López Obrador constituía “una fuerza moral y no una fuerza de contagio”.
Pérdida de credibilidad por faltar a la verdad y más aún, cuando respalda la decisión Presidencial de reactivar la economía en los momentos de mayor riesgo para la población, al autorizar el funcionamiento de las maquiladoras estadounidenses en México, sin que antes se haya realizado una evaluación a fondo de la situación prevaleciente de la epidemia del COVID-19 y los inminentes rebrotes que se provocarán al bajar la guardia en las medidas de protección en el retorno a los centros laborales de más de siete millones de trabajadores.
Días en que retorna a la pasarela de los grandes reflectores, después de los asesinatos en la sierra de Sonora, de niños y adultos de la familia Le Baron, el titular de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Alfonso Durazo Montaño, al decretar el Jefe de la Nación, que a partir del martes 12 de mayo y en los siguientes cinco años, las Fuerzas Armadas realizarán tareas de seguridad pública en el territorio nacional.
Y lo primero que se le ocurre decir a quien fuera secretario particular del panista Presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006), fue que tanto el apoyo de los elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como de la Fuerza Aérea, “estará siempre subordinado a la Guardia Nacional”.
El funcionario, que se ha convertido en una figura decorativa, luego del fracaso de la GN a su cargo, en la misión encomendada por López Obrador, incurriría en falsedad de declaración, al olvidar que de acuerdo a la Constitución, las Fuerzas Armadas sólo obedecen a un mando, que es el de su comandante supremo, representado por el Jefe del Poder Ejecutivo Federal.
De ahí el comentario inicial, al comparar a Durazo Montaño, con la trayectoria de desinformación que ha caracterizado al ambicioso subsecretario Hugo López Gatell Ramírez, quien no ha tenido el menor remordimiento cuando se olvida que su jefe inmediato es el secretario de Salud Jorge Alcocer, a quien prácticamente suplanta.
Alfonso también no recordaría que Andrés Manuel es el que manda y nadie más, aunque la Guardia Nacional tenga un comandante, general Luis Rodríguez Bucio, que el 28 de mayo de 2019, fue nombrado por López Obrador, como primer titular de la Corporación, que no ha dado los resultados esperados, a pesar de sus méritos como reconocido militar de carrera.
Explicaría que la orden de López Obrador a las tres instituciones armadas, es de “participar de manera extraordinaria en las tareas de seguridad pública, mientras la Guardia Nacional desarrolla sus capacidades. El objetivo es darle operatividad al mandato legislativo, facultando a las Fuerzas Armadas como primer respondiente. Así de importante, pero también así de simple. Tal apoyo estará siempre subordinado a la Guardia Nacional”.
Seguramente, que Durazo Montaño no leyó con atención el decreto del Primer mandatario, publicado el lunes 11 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, que ordena que mientras la Guardia Nacional se posicione en el territorio nacional, como su jefe máximo “podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública”. No deja duda de que el mando es único y no compartido, como lo ordena la norma constitucional.
Y aunque Alfonso no lo reconozca, la urgencia con que el Presidente ha tomado la determinación, tiene una razón simple: El rotundo fracaso en la organización logística y de combate efectivo al crimen organizado de la Guardia Nacional.
Revés no exclusivo del político sonorense, ex secretario particular de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato Presidencial priísta, asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana, en marzo de 1994, sino también del mismo López Obrador, que haría de la nueva Corporación una extensión simulada de las Fuerzas Armadas, integrada por soldados y marinos, mientras legalizaba su salida de los cuarteles.
A pesar de que el mismo mandatario había censurado en sus tiempos de aspirante, la presencia en las calles de los miembros del Ejército y Marina, acusándolos de actuar fuera de la ley, lo cual hacía obligado su regreso a los cuarteles, hoy, legaliza su participación prioritaria en la guerra contra los cárteles de las drogas, injerencia en las aduanas, centros migratorios, aeropuertos, centrales de autobuses y transportes de carga, carreteras federales, ferrocarriles, además de labores de investigación del crimen y aplicación de sistemas de Inteligencia.
Una militarización completa de México, que ya habíamos adelantado en este espacio desde hace más de un año, al decretarse como pauta inicial la creación Guardia Nacional, conformada por un mando directo civil, lo mismo que sus miembros, como se aseguraba en el papel, para quedar constituida con efectivos castrenses con licencia e impreparados, al mando de un militar en proceso de retiro, que lo convertía en “ex”.
Desmantelamiento gradual bajo decreto, de la Policía Federal de Caminos, una de las instituciones civiles más reconocidas por su formación profesional, en las tareas de seguridad, que sin mediar ninguna evaluación previa y bajo el argumento de que se trataba de una Corporación corrupta, debía desaparecer en 18 meses que ya se cumplen, y sus elementos obligados a sumarse a la nueva Guardia Nacional, con salarios menores y previo examen obligatorio realizado por militares, para su aprobación.
Para los ojos del Presidente de la República y su equipo de colaboradores, ninguna de las instancias civiles de seguridad merece estar al frente de sus comunidades en todo el país, porque ninguna se salva de estar vinculada con la delincuencia organizada o lo suficientemente capacitada para cumplir con la salvaguarda de vidas y patrimonios de la sociedad.
Un razonamiento que tiene mucho de cierto, pero se ha olvidado que prácticamente todas las Policías estatales y municipales del país, han estado durante muchos años, en manos de ex militares, coroneles y generales, que en el terreno de los hechos han fracasado al no estar lo suficientemente aptos para crear los nuevos cuerpos de seguridad más profesionales y mejor preparados en el manejo de las armas.
Referencia indiscutible de que en todos los rincones de la república, se ha observado como los ex elementos castrenses, no sólo no han podido cumplir los compromisos de crear mejores Corporaciones policíacas, sino que han entrado en complicidades con la delincuencia organizada.
El peor error que ha cometido la clase en el poder del país, ha sido involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas que tradicionalmente han sido atendidas por civiles, dando margen a la tentación y por ende desacreditación de instituciones a las que los mexicanos siempre había respetado por mantenerse al margen y en sus cuarteles, de donde salían de manera excepcional para auxiliar a la población en casos de desastre o para llevar a cabo tareas de orden social.
Cuando la ciudadanía empezó a observar el arribo de los efectivos de la Guardia Nacional a sus comunidades, se despertó en ellas la confianza de que retornaría a ellos la confianza y la credibilidad de que el combate a la delincuencia sería realmente una realidad, por encima de los intereses de los grupos de las distintas
Policías estatales y municipales, corruptas.
En la Frontera Sur, ocurriría algo semejante, una vez que se dispuso en junio de 2019, su desplazamiento desde Palacio Nacional, para acatar la orden del Presidente Donald Trump de frenar el hasta ese momento imparable flujo migratorio, bajo amenaza de aplicar aranceles hasta de un 25 por ciento a sus importaciones de México.
Pero dado que no se enviaron a la colindancia con Guatemala, los seis mil elementos garantizados a Washington por el canciller Marcelo Ebrard Casaoubon, para cumplir con la consigna estadounidense, su presencia fue rebasada por las turbas de indocumentados que llegaron al extremo de humillarlos, apedreándolos e invadir el territorio nacional.
Algo, que seguramente no volverá a ocurrir, una vez que se refuerce la presencia de las Fuerzas Armadas, con mayor capacidad y más calificados para poner orden a la inmigración proveniente de Centroamérica, y en general en la guerra contra el crimen organizado.
Por lo pronto, la única explicación que se puede encontrar en la prisa del decreto del Presidente, está en la urgencia de disponer sin ningún impedimento de soldados y marinos de elite, para salir a las calles en el corto plazo, ante el riesgo de enfrentar situaciones de vandalismo de delincuentes y desempleados, que en la búsqueda de alimentos pudieran incurrir en asaltos y saqueos de tiendas departamentales, como consecuencia de la parálisis provocada por la epidemia-pandemia del COVID-19.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.